Ignacio Camacho-ABC
- La pandemia va a dejar una sociedad dependiente del Estado, propicia para el clientelismo y la explotación del desamparo
Por muy justificadamente cabreada que esté, la derecha sociológica ha de saber que el coronavirus no va a hacer caer a este Gobierno. No a corto plazo al menos. En ese sentido tiene razón Inés Arrimadas cuando decía ayer a ABC que Sánchez no corre peligro aunque la oposición le tumbe el estado de alarma. Sería un golpe duro, sin duda, pero la continuidad del Gabinete está asegurada. En primer lugar porque, una vez consumada la investidura, la Constitución (artículo 115.3) blinda un plazo mínimo de un año antes de disolver las Cámaras. Y en segundo término porque no hay mayoría alternativa para una moción de censura. Así que, salvo que el bicho se quede a vivir mucho tiempo en
España -y más vale no pensar siquiera en esa pesadilla dramática- la gestión de la pandemia no será el factor clave de decisión en unas elecciones que, incluso anticipadas, La Moncloa procurará alejar lo más posible de esta funesta etapa. Van a pasar antes muchas cosas, y algunas muy amargas.
El virus acabará siendo determinante en esta legislatura, pero no tanto por su impacto sobre la salud como sobre la economía. Vienen meses y tal vez años devastadores para la actividad productiva, un período de sufrimiento que no provocará tantas muertes pero perturbará muchas vidas. Y es ahí donde la coalición gubernamental se juega su supervivencia política, más allá del indescifrable desvarío de la presión separatista. El dúo co-presidencial -Sánchez e Iglesias- lo sabe y ya tiene su estrategia decidida: un aluvión de gasto público y transferencias de renta con la que crear un Estado subvencional bajo la coartada proteccionista.
Eso es el «escudo social» que ha llevado a la ministra de Trabajo a blasonar de tener bajo subsidio a más de cinco millones de ciudadanos. Ahora mismo 21 millones de españoles (el 44% de la población) cobran del Estado, entre desempleados, afectados por ERTE, pensionistas y funcionarios; cuando entre en vigor la renta mínima la ratio alcanzará el 60% de los mayores de 18 años. El sector público ha superado por primera vez el 51% del PIB este año. Ese aparato elefantiásico está creando una sociedad clientelar que favorece la capitalización política -tan rentable durante décadas en Andalucía- del miedo al desamparo.
El problema de esa economía cautiva es que exige mucho dinero para sostenerla. Las subidas fiscales en ciernes no bastarán y el recurso a la deuda depende de la dudosa anuencia europea. El fantasma del rescate, que ilusiona a una cierta derecha, puede empeorar las cosas más que resolverlas porque los ajustes aumentarán la pobreza. La oposición liberal, que tiene en la solvencia gestora su mayor fortaleza, no puede volver esperar a hacerse cargo de un país en quiebra. Si no presenta pronto su propia propuesta en el escaparate de las autonomías que gobierna, se va a enfrentar a un socialpopulismo experto en explotar la miseria.