El antiguo etarra Valentín Lasarte reclama a ETA que se disuelva

El antiguo miembro del comando Donosti de ETA Valentín Lasarte Oliden, de 47 años, aprovechó su testimonio en un juicio en la Audiencia Nacional para pedir a ETA que «se disuelva y deje la lucha armada».

Lasarte, que está condenado a 216 años de prisión, lleva 15 en la cárcel y hace cinco que se desvinculó de la banda terrorista, participaba como testigo en el juicio contra su compañero de grupo Juan Ramón Carasatorre, Zapata, al que juzgaban por el atentado con un lanzagranadas contra el edificio del Gobierno Civil de Guipúzcoa, que había preparado el propio Lasarte y por el que ya está condenado. Al acabar su testimonio, el exetarra manifestó: «Quiero decir que hace años que dejé ETA, a todas las víctimas de ambos lados debería dársele reconocimiento, como piden Sortu, Bildu y toda la sociedad vasca. Pido a ETA que se disuelva y deje las armas». Poco después se dirigió a las víctimas de los atentados que él cometió y dijo: «Lo siento».

Lasarte ya había dado pasos hacia la reinserción, criticando la lucha armada y aceptando el trabajo en prisión, por lo que fue expulsado del colectivo de presos de ETA y posteriormente trasladado a una cárcel en el País Vasco.

Como integrante del comando Donosti, Lasarte participó en numerosos atentados y está condenado como autor de seis asesinatos, entre ellos los del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez, del PP, y el del abogado y miembro del Partido Socialista de Euskadi-PSOE Fernando Múgica. Su confesión ante el juez Baltasar Garzón fue tan amplia y minuciosa que la mayoría de sus compañeros de fechorías han sido condenados a elevadas penas de prisión debido a sus explicaciones.

El propio Carasatorre y Javier García Gaztelu, Txapote, fueron condenados la semana pasada a 19 años de prisión por el ametrallamiento de los cuarteles de Loiola, en San Sebastián. Aunque en los juicios contra sus excompañeros Lasarte dice no recordar nada, su testimonio anterior es la base de las condenas.

EL PAÍS, 25/5/2011