Es una lástima, pero en los temas económicos a este Gobierno le gusta más obligar y prohibir que fomentar y crear. Gracias a ello, el espacio privado se reduce y el público avanza. No me refiero tan solo a la utilización política de las empresas públicas, sino en general a la regulación de la actividad. Necesitamos que ésta crezca si queremos que también crezca el empleo, la inversión y la recaudación, pero le puede el gusto por la intervención. Ahí están las intromisiones en el sector bancario, con nuevos impuestos y propuestas de gestión como la remuneración de los depósitos; o en la gran distribución con los empeños, en su mayoría frustrados, de fijación de precios. Pero es peor en materia laboral, en donde las subidas del SMI tienen ya un impacto directo sobre más de 2,3 millones de trabajadores e incide indirectamente sobre otros muchos más a través de las tablas salariales. El objetivo de subir los salarios es bueno, pero es evidente que la fijación de los mismos esta pasando rápidamente del acuerdo interno en la empresa a la imposición externa del Gobierno. Súmele la intervención en los horarios, en las bajas maternales y paternales y tendrá un panorama de creciente intervención.

Ahora le toca a la paridad. Una cuestión con cuyo principio general -que la mujer pueda acceder en pie de igualdad a las responsabilidades mercantiles- nadie debería estar en desacuerdo. Además de justo es conveniente, pues carece de sentido perder la aportación de las mujeres, cada día mejor formadas y más involucradas. Pero su concreción en la práctica es difícil.

La nueva ley, que quedó ‘non nata’ por culpa del adelanto electoral, actualiza y endurece la anterior de 2007 y exige la presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, la Administración pública, los consejos de administración de las empresas privadas, los órganos constitucionales, los colegios profesionales y las listas electorales. Una exigencia que puede resultar muy difícil de cumplir para muchas empresas por el tamaño y la composición de su órganos directivos. Viendo los currículum de los altos cargos de la Administración ya sabemos que la obediencia ciega y la fidelidad canina suplen de sobra las posibles carencias de conocimientos -de hombres y mujeres- en la materia que administran, pero en el sector privado no es tan sencillo de implementar.

Si la ley se entremete poco a poco y determina cuánto, dónde y por cuánto debe de trabajar cada cual, el avance de lo público resulta imparable y la reducción de lo privado lamentable.