El caso Plus Ultra es mucho más que un rescate mal justificado, es un ejemplo de una forma de gobernar usando la captura política de recursos e instituciones públicas, con efectos económicos directos y un deterioro claro de la imagen internacional de España. Entre analistas e inversores internacionales, la primera pregunta que aparece de nuevo es por qué no hay dimisiones inmediatas en un caso que involucra a cuatro ministerios y al presidente del Gobierno junto a todo el consejo de ministros.

En cualquier país serio, el Delcygate, el caso Koldo, Ábalos o Berni habrían llevado a dimisiones inmediatas. En el caso Plus Ultra las razones son, si cabe, mucho más evidentes;

En España se inyectaron 53 millones de euros por procedimiento de urgencia a una aerolínea marginal, con cuota irrelevante y sin viabilidad económica, mientras se dejaron fuera a cientos de empresas con mucho más peso en empleo, cuota de mercado e importancia estratégica. Cuando el Gobierno aprobó el rescate, por vía de urgencia, en marzo de 2021, Plus Ultra operaba solo un avión y representaba apenas el 0,03% del tráfico aéreo en España.

La SEPI reconoció que aprobó el rescate basándose en informes de auditores contratados por la propia Plus Ultra. No se hizo un análisis independiente de la contabilidad ni un diagnóstico financiero fiable. Plus Ultra arrastraba una situación de crisis y de quiebra técnica de facto ya antes de la pandemia, con problemas serios de liquidez, desequilibrio patrimonial y deudas con la Seguridad Social que se gestionaron de forma excepcional para permitir el rescate.

El auditor de Plus Ultra reconoció en el Senado que la aerolínea ya no tenía liquidez dos años antes de la pandemia

El perito judicial y varios informes independientes concluyeron que Plus Ultra ya estaba en situación de crisis en 2019 e incluso 2018, incumpliendo las condiciones clave para recibir ayudas del fondo de rescates de la SEPI. Este perito habla expresamente de “alta probabilidad de suspensión de pagos” a 31 de enero de 2020 (cierre del ejercicio 2019), con la empresa en causa de disolución e insolvencia y sin liquidez suficiente para operar con normalidad.

La compañía acumulaba deudas por más de 10,6 millones de euros hasta enero de 2020, pérdidas recurrentes y necesidad constante de aportaciones de capital. Los peritos afirman que la crisis de Plus Ultra no empieza con la pandemia, sino años antes.

El auditor de Plus Ultra reconoció en el Senado que la aerolínea ya no tenía liquidez dos años antes de la pandemia.

La documentación analizada por el perito de Deloitte para la Sepi recoge una deuda preexistente con la Seguridad Social de unos 451.954,79 euros en febrero de 2021, a pesar de que la normativa exigía que las empresas beneficiarias del fondo de rescate estuvieran al corriente de pago con la Seguridad Social.

El Gobierno sostiene que Plus Ultra estaba formalmente al corriente a 31 de diciembre de 2019, gracias a “un aplazamiento y regularización de esa deuda”. Esto, en sí mismo, debería haber causado dimisiones en el consejo de ministros.

Mientras en España miles de empresas se enfrentaban a un desastre económico y se les denegaba la ayuda, Plus Ultra, una aerolínea marginal, recibió todo tipo de privilegios y se aceleró el acceso al rescate a pesar de incumplir todas las condiciones. Calviño y Montero afirmaban que no era momento de reducir impuestos porque había que recaudar, el Estado impedía que miles de empresas recibieran apoyo incluso por pequeños retrasos involuntarios en los pagos a la Seguridad Social.

Plus Ultra era la excepción en todo. Nunca olvidemos que millones de empresas quedaron fuera de las ayudas aprobadas para pymes y autónomos por el Gobierno en 2021. Cepyme advirtió de que el 53% de las empresas no podrían acceder a las ayudas anunciadas por no estar incluidas en las lista de actividades sujetas a apoyo estatal independientemente de las pérdidas sufridas.

Ayudas para las cuales la empresa que sí estuviese en la lista tenía que certificar que tuvo beneficios en 2019 y, en cualquier caso, esperar cuarenta y cinco días a que se hicieran efectivas («en verano» de 2021, según Montero). Todas esas limitaciones no hicieron falta con Plus Ultra.

En mi artículo Plus Ultra puede poner en peligro los fondos europeos de abril de 2021, dije lo siguiente: «La política de hechos consumados del Gobierno busca que los ciudadanos y los organismos europeos acepten cualquier cosa utilizando el paraguas de la Covid-19 para todo. Decía la vicepresidenta económica el jueves en un programa de televisión, preguntada por el escándalo Plus Ultra, que «no hay que demonizar las ayudas a empresas» y que «no se pueden pedir ayudas y a la vez criticarlas».

Vamos, que tiene usted que aceptar las ruedas de molino que le venda el Gobierno sin control ni transparencia y callarse mientras se niega a miles de empresas cualquier apoyo. La Comisión Europea y la Unión Europea son también responsables de haber permitido que este escándalo se produjera y dar fondos europeos a un gobierno que ahora reconoce que usó gran parte de esos fondos para gasto en pensiones y gasto corriente.

Todo el caso es un ejemplo evidente de vulneración del principio de imparcialidad y ejemplo de ayuda de Estado irregular

Los países que ahora se indignan lo hacen con razón, pero debo recordar que nadie nos escuchó cuando muchos lo advertimos.

La instrucción judicial recoge indicios de que la aerolínea habría presentado documentos manipulados sobre su situación con la Seguridad Social que no se correspondían con la realidad. Todo ello refuerza la tesis de que se “arregló” la foto contable para facilitar el rescate.

La combinación de una empresa casi irrelevante, ayudas máximas y controles mínimos va contra cualquier criterio razonable de prudencia y eficiencia en el uso de fondos públicos y justifica exigir responsabilidades políticas al máximo nivel, desde la SEPI hasta los ministerios implicados y el presidente que lo aprobó todo… Con procedimiento de urgencia.

Todo el caso es un ejemplo evidente de vulneración del principio de imparcialidad y ejemplo de ayuda de Estado irregular. Se favoreció de manera desproporcionada a una empresa marginal frente a competidores y empresas de otros sectores en situaciones de mayores dificultades pero con verdadera importancia estratégica y de empleo. Todo el rescate es un insulto a los contribuyentes, un asalto obsceno a los procedimientos y un abuso de poder político.

La dimisión de los responsables que impulsaron semejante aberración de operación es una condición mínima para restaurar la credibilidad del Estado español.

Cuando el propio alto cargo de la SEPI que gestionó los rescates admite que “otra cosa es el tema ético”, está describiendo una cadena de negligencias incompatibles con la continuidad de quienes diseñaron y supervisaron el rescate.

Plus Ultra, además, es solo la punta del iceberg del sistema chavista de corrupción, robo y propaganda. La Audiencia Nacional investiga si Plus Ultra fue vehículo para mover fondos de origen corrupto vinculados a oro venezolano y al programa CLAP, usando el rescate y contratos asociados para canalizar dinero a través de estructuras complejas.

El auto describe indicios de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y ya hay detenciones de directivos y empresarios relacionados con la aerolínea.

El Delcygate, el rescate de Plus Ultra y el giro radical del Gobierno en cuanto a su posición con respecto a la dictadura chavista son partes de una misma estrategia de captura de élites y diplomacia de chequera por parte del régimen asesino venezolano. Sin el componente de lucro personal no se entiende la urgencia y obsesión por arriesgar la reputación y buen nombre del expresidente Zapatero y todos los ministros involucrados, desde Ábalos a Montero.

Ningún servidor público pone su nombre en el rescate exprés de una aerolínea irrelevante y quebrada, saltándose todas las normas y criterios, si no hay una motivación personal que va mucho más allá de los 53 millones y una comisión.

La operación de rescate de emergencia diseñada y aprobada por el Gobierno aparece en el centro de una presunta red internacional de corrupción y blanqueo de capitales. Por ello, la responsabilidad política es evidente aunque las responsabilidades penales sigan en instrucción. La única respuesta compatible con principios mínimos de ética pública es la dimisión del presidente y los ministros que firmaron esa operación.

Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno declara como imputado por blanqueo y tráfico de influencias en una operación ligada a una ayuda pública concreta. La respuesta de la izquierda ha sido la misma de siempre, emponzoñar el nombre de otros expresidentes poniendo en el mismo nivel la investigación en curso con presuntos casos que ya se investigaron y juzgaron.

Es más, esa misma izquierda que se lanzó a la cancelación, la destrucción de personalidad y la calumnia contra otros expresidentes, muestra una sorprendente posición de apoyo a un caso que no solo incluye elementos de altísima irregularidad en la concesión de un rescate, sino que el lucro de los involucrados en el sistema chavista se hizo a costa del empobrecimiento de los venezolanos y el robo de sus recursos.

La explicación es sencilla. La máquina de captura de élites y el programa de blanqueamiento reputacional del régimen chavista se hizo regando de dinero sangriento de la dictadura que llegó a muchos más de los que están en el sumario de este caso.

La investigación judicial habla de una estructura estable de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos ante entidades públicas en favor de Plus Ultra, citando hasta dos millones de euros en comisiones y pagos. Eso es solo la punta del iceberg. Ningún mandatario público ni ministro se juega su prestigio y su carrera por dos millones de euros, parte de los cuales se reparten a varias personas.

No podemos olvidar el coste institucional porque es enorme. Si no hay dimisiones políticas, el mensaje a los socios europeos, inversores y ciudadanos es que en España se puede usar el Estado para generar una red de negocios opacos con regímenes sancionados y dictatoriales como el venezolano sin que nadie asuma consecuencias. Sin dimisiones en el consejo de ministros este caso es otro ejemplo del uso del sanchismo de las instituciones para beneficiar a regímenes dictatoriales.

Desde el punto de vista económico, el caso Plus Ultra condensa varias patologías típicas del intervencionismo discrecional. La selección política de “ganadores”, el clientelismo y el coste de oportunidad. Eso sí, no se preocupen que Plus Ultra ha renegociado con la SEPI la devolución y ha pagado algo en intereses

Una polémica político‑mediática sobre el uso de dinero público se ha transformado en una causa penal. La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental ligados al rescate y al destino de esos fondos.

La investigación apunta a una red de sociedades en España y en el exterior, incluida una firma en Dubái, que habría llevado a cabo pagos ligados al rescate y otras presuntas transacciones con petróleo y oro robado por el régimen chavista. La Fiscalía Anticorrupción y las autoridades de varios países, incluidos Francia, Suiza y Estados Unidos cooperan en el rastreo de posibles flujos de dinero vinculados a la corrupción en Venezuela y su presunto blanqueo a través de Plus Ultra y empresas relacionadas.

El caso arrastra al PSOE a una posición defensiva permanente y refuerza la imagen de una administración dispuesta a usar dinero público para tejer alianzas políticas y económicas con regímenes autoritarios y corruptos.

La campaña de lavado de imagen de Sánchez ante los medios internacionales y la opinión pública mundial se desmorona. Los socios europeos ven cómo el caso Plus Ultra se suma a otros episodios de degradación institucional y politización de instituciones. No se preocupen, sacará el comodín de Franco, Trump o el antisemitismo, pero ya no cuela.

Sánchez no es ya el presidente democrático que se vende ante el mundo como el adalid del derecho internacional y la resistencia contra la guerra, sino el vehículo de un sistema de lucro personal, corrupción y blanqueamiento de régimenes dictatoriales y terroristas.