El Ejecutivo está en su derecho de mantener cierta discreción en sus gestiones, pero, antes que nada, debe evitar sentirse también rehén de una pandilla de terroristas desarrapados e indeseables que se creen con fuerza suficiente para hacerle temblar frente a la opinión pública. Nada de lo que se pacta con delincuentes puede honrar a un Gobierno democrático ni puede ser bueno para sus intereses.
CUANDO una partida de forajidos asalta una caravana de viajeros, los secuestra y se los lleva a punta de pistola para mantenerlos cautivos en su escondite, no se puede contar con la posibilidad de tratar con ellos como si fueran una asociación de bonancibles caballeros con los que sólo nos separan ciertas opiniones. Al Qaida -con todas sus ramificaciones y franquicias internacionales- es una organización terrorista que no escatima medios para luchar contra las sociedades libres y sus ciudadanos. En pleno siglo XXI se reproducen comportamientos medievales que creíamos superados: los piratas atacan a los pescadores y los terroristas islámicos toman como rehenes a los transeúntes que caen en sus garras para pedir rescate a cambio de sus vidas.
El Gobierno no debe olvidar que, cuando los terroristas secuestran a alguien, en realidad están atacando también a toda la sociedad libre, y que sólo la recomendación de no viajar por tal o cual lugar constituye una victoria para ellos. Nadie niega que la posición del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en este atroz episodio del secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles sea muy delicada, con vertientes humanas que no se pueden ignorar. Pero al mismo tiempo es su obligación recordar que resolver este lamentable secuestro no consiste solamente en hacer que esos tres conciudadanos regresen sanos y salvos a sus casas, sino prevenir que los terroristas obtengan una ventaja para seguir cometiendo fechorías, de modo que el resto de la sociedad pueda viajar a salvo de esas alimañas. La responsabilidad del Gobierno incluye también no hacer algo que pueda contribuir a desestabilizar aún más a un país muy cercano geográficamente del territorio español, como es Mauritania. El Ejecutivo está en su derecho de mantener cierta discreción en sus gestiones, pero, antes que nada, debe evitar sentirse también rehén de una pandilla de terroristas desarrapados e indeseables que se creen con fuerza suficiente para hacerle temblar frente a la opinión pública. Nada de lo que se pacta con delincuentes puede honrar a un Gobierno democrático ni puede ser bueno para sus intereses.
Editorial en ABC, 6/3/2010