La Generalitat ha incurrido en el error de menospreciar la solidaridad de Euskadi con el resto de los territorios para hacer énfasis en la que ella está supuestamente dispuesta a prestar con una iniciativa por ahora carente de concreciones. No se debería frivolizar con el Concierto vasco y el Convenio navarro; dos piezas de inequívoco valor jurídico-político que expresan el potencial de los derechos históricos y el anclaje de esta tradición foral en la España constitucional, y convertidas en una inequívoca locomotora de progreso económico y social en los últimos 40 años. No es la primera vez que desde Cataluña se alzan voces a favor de un modelo de este tipo, de complicado encaje legal en este momento. Lo habría tenido si sus principales partidos nacionalistas no lo hubieran rechazado en los primeros años de la Transición, de lo que ahora se arrepienten, por sus recelos a una fórmula de riesgo unilateral -sin el salvavidas del Estado en caso de ingresos insuficientes- y a afrontar la ingrata tarea de recaudar impuestos.

Ahora, sometida por una deficiente gestión a una asfixia económica que condiciona seriamente el desarrollo de Cataluña, convendría no trivializar tanto con la historia reciente y saber distinguir la legitimidad de las propuestas de los ejercicios de ligereza semántica que pretenden, por simple emulación, copiar la singularidad del autogobierno de Euskadi y de Navarra para buscar una solución a un problema. Pero no se debe tapar un conflicto buscando otro.