Tras la firma del acuerdo para los Presupuestos de 2011 el PNV no va a hacer un discurso de legitimación del Estatuto, y menos de la Constitución. Porque el PNV no quiere salvar a Zapatero, ni dar estabilidad al sistema parlamentario, ni legitimar el Estatuto. Su intención es debilitar al Gobierno de López. Y nada hace más daño que la cuña de la propia madera.
EN UNOS TIEMPOS en los que las actitudes relativistas respecto a la verdad y al valor de los sistemas, conviven con los más variados fundamentalismos -aferrarse dogmáticamente a verdades y sistemas-, la valoración correcta del sistema político estatal, basado en la democracia y el derecho, no es tarea fácil. Sin embargo de ello dependen la garantía de la libertad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Quienes no pueden vivir la democracia y el Estado de Derecho sin ponerle apellidos, recurren no pocas veces al calificativo de democracia deliberativa para rebajar el valor del sistema. O afirman que, significando ideología ideas lógicas, es mejor renunciar a ellas en aras a ir adaptándose permanentemente a las exigencias de las circunstancias. Todo con tal de no ser acusados de dogmáticos o intolerantes por dar valor a la consolidación del sistema democrático y estatal de derecho.
No es la primera vez que sucede: muchos gobiernos centrales, y no sólo de un color, han caído en la tentación de negociar aspectos del sistema constitucional español -el que garantiza las libertades y derechos fundamentales- con ocasión de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, al encontrarse a falta de votos que sólo creían poder encontrar en partidos nacionalistas. Pero esta vez se ha ido más lejos. No sólo se han negociado aspectos estructurales del corpus constitucional, sino que se ha hecho con un interlocutor no previsto en el sistema constitucional y estatutario.
En ocasiones anteriores, se cometió la misma tropelía, la de negociar de lo que no había que negociar, en la ocasión y el momento menos adecuados. Pero el interlocutor del Gobierno central era el partido que ostentaba, al mismo tiempo, la representación institucional de Euskadi: el PNV. Ahora, sin embargo, no. El sistema constitucional español establece con toda claridad que la negociación de la transferencia de competencias previstas en el Estatuto de Guernica debe llevarse a cabo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco.
Zapatero ha decidido saltarse a la torera la exigencia del sistema constitucional y ha negociado la transferencia de determinadas competencias con el PNV, partido que no ostenta la representación institucional vasca. Resulta, además, que con estas transferencias se va a producir nada menos que el cierre del Estatuto, su cumplimiento pleno.
Aunque no pocos comentaristas se hayan apresurado a hablar del daño que ello reproduce al lehendakari López, es preciso mencionar antes otros daños. Porque una actuación fuera de las previsiones del sistema constitucional hace daño al sistema mismo. Los procedimientos, las reglas y el respeto a todos ellos son sustanciales en democracia.
Y con esta actuación, Zapatero debilita el sistema constitucional español. No puede el Gobierno central afirmar que el acuerdo al que ha llegado con el PNV es coherente con la voluntad de reforzar el autogobierno previsto en la Constitución. Porque éste requiere el refuerzo del Estatuto de Guernica y éste se refuerza respetando los procedimientos en él previstos para acordar transferencias, reforzando las instituciones previstas -en este caso el Gobierno vasco- y reforzando la idea de que el Estatuto es de la gran mayoría de los vascos y no propiedad exclusiva del PNV.
No es una cuestión de dogmatismos, sino de defender el valor del sistema constitucional en cuanto garante de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El autogobierno no es un criterio absoluto y la cantidad de competencias tampoco. Todo ello vale si está al servicio de la libertad de los ciudadanos vascos, si está al servicio de la garantía de sus derechos fundamentales. Y en este caso ambos salen malparados porque se desprecia el sistema en el que se sustentan.
Otra cosa hubiera sido si, consciente del debilitamiento que puede provocar en el sistema constitucional y estatutario con este proceder, el presidente Zapatero hubiera buscado una compensación, pidiendo al PNV, por ejemplo y como contrapartida, una declaración de legitimación del Estatuto de Guernica y de la Constitución que le da sentido y legitimidad. Mucho me temo que de esto, nada de nada.
Jugar con el sistema nunca es inocente. Al abuso de la frase de que España se rompía se ha contestado con la misma exageración: ninguna de las decisiones adoptadas por los gobiernos de Zapatero han traído consigo la ruptura de España. ¿O alguien ha visto algo parecido como esa ruptura tan abusivamente anunciada? Pero eso no significa que el sistema no se vaya debilitando, que no vaya desfigurándose, pareciéndose cada vez más a un collage, a un tejido moda patchwork. Un sistema aguanta muchos ataques que aparentemente no le causan daño alguno, hasta que un día aparecen grietas en él que ya no pueden ser suturadas.
Es seguro que una vez firmado el acuerdo para salvar los presupuestos de 2011 el PNV no va a desarrollar un discurso de legitimación del Estatuto, y menos de la Constitución. Porque, sin ponerse a pensar mal, la intención del PNV no radica ni en salvar a Zapatero, ni en dotar de estabilidad al sistema parlamentario español, ni en legitimar el estatuto consiguiendo su compleción. La intención de los peneuvistas es la de debilitar al Gobierno del lehendakari. Y para ello ha encontrado la mejor ayuda posible: nada hace más daño que la cuña de la propia madera. Nadie mejor para dañar al Gobierno de López que su compañero de partido y secretario general, además de presidente del Gobierno.
Se pueden encontrar sin dificultad voces que dicen abiertamente que Zapatero nunca ha estado cómodo con el acuerdo entre PSE y PP que ha posibilitado el Gobierno de López en Euskadi. Pero todos aquellos que apostaron por él no lo hicieron simplemente porque significaba un cambio largamente deseado, sino porque indicaba un punto de inflexión en la defensa del marco constitucional y estatutario como una defensa del marco que garantizaba las libertades y los derechos de los ciudadanos vascos. Pero, ¿qué pesa todo ello ante la posibilidad de conservar el propio poder?
Pequeña addenda: en el Reino Unido se celebraron elecciones generales en plena crisis. Y no alumbraron una mayoría clara para ningún partido en la Cámara de los comunes. Se ha formado un nada usual Gobierno de coalición, y no parece que a la política británica ni a su capacidad de tomar medidas le haya venido nada mal.
Joseba Arregi, EL MUNDO, 20/10/2010