SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 26/06/15
· Ayer, antes de mediodía, dos tribunales habían declarado imputados por diferentes delitos a varios personajes relevantes. El Supremo imputó en el caso de los ERE a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes ambos de la Junta de Andalucía y también del PSOE.
El portavoz Hernando había manifestado que sólo pediría la renuncia de ambos si eran llamados a juicio oral. Después matizó que el PSOE tomaría medidas si se les imputaba la comisión de algún delito, cosa que al parecer no había sucedido hasta el momento. El Supremo los imputó ayer y ambos han renunciado a sus actas de diputados.
Confieso una cierta incertidumbre a este respecto. Si la imputación no supone la quiebra de la presunción de inocencia, no habría razón para que ningún cargo público dimitiera del mismo antes de que un tribunal hubiera fallado su culpabilidad. Bien es verdad que la mujer del César debe guardar las apariencias y no estaría mal que los partidos mantuvieran como cláusula de precaución la no inclusión de un imputado en las listas. Pero, sobre todo, hace falta una lógica universal, de manera que el criterio que vale para los míos valga también para los adversarios.
Y aquí es donde se quiebra la moral colectiva. Se exige la dimisión de los otros y se minimiza la responsabilidad de propios. La directora del Patronato de la Alhambra, detenida en una investigación sobre adjudicaciones amañadas y blanqueo, ha declarado que no piensa dimitir de su cargo hasta que la investigación derive en juicio o sea imputada.
El PP, que había pedido la dimisión de los cargos socialistas, renovó la Secretaría General la semana pasada. El presidente nombró vicesecretario de Organización a Fernando Martínez Maíllo, imputado por el juzgado de Instrucción número 5 de León en la causa que investiga al antiguo consejo de administración de Caja España, por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad. La estrella emergente de la comunicación en el PP, Pablo Casado, ha demostrado que el estilo Cospedal no se ha perdido y sostiene que, Maíllo no está imputado, sino «llamado a declarar en calidad de imputado», que debe de ser algo sustancialmente distinto.
Ayer mismo, la Audiencia imputó al concejal de Madrid Guillermo Zapata por humillación de víctimas del terrorismo a partir de sus famosos tuits. En Alemania habría ido a la cárcel. En Francia, a Dieudonné, que es un payaso profesional, no aficionado como Zapata, chistes más inocuos sobre el atentado contra Charlie Hebdo (Charles Lebó, al decir de Carmena) le costó una condena de dos meses. Los regeneradores de Podemos creen que la Justicia no es ecuánime, que alguna gente no tiene sentido del humor y que algunos delitos son distintos que otros.
Depende de quien los cometa, porque la antigua candidata a primera dama, Tania Sánchez, abogaba por Zapata mientras ella misma está imputada por tres delitos característicos de la corrupción: prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Pero la corrupción son los otros, dijo más o menos Jean Paul Sartre.
SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 26/06/15