Con la ola de rechazo a la amnistía en fase creciente y a punto de ebullición, el PSOE sigue pagando peajes a Puigdemont, más aferrado que nunca a la cabina de mando desde donde maneja el rumbo de la gobernabilidad de España hacia la deriva. Su imputación, por parte del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, como cabecilla del movimiento incendiario Tsunami, por «actos de terrorismo» no allana el camino para la investidura de Pedro Sánchez que, sin duda, la conseguirá. A medida que avanza el calendario, Pedro Sánchez se va adentrando en una maleza de concesiones que difícilmente podrá justificar con coherencia cuando las tenga que reconocer en público. No hay más que observar la calle para detectar que la marea de indignación está subiendo de nivel hasta llegar al malecón de muchos socialistas. Los sondeos detectan la desafección ante una amnistía a todos los que han robado y malversado siempre que sean independentistas.

No por casualidad se suceden más manifestaciones en la calle, que ha dejado de ser patrimonio de la izquierda. No es partidismo, es la defensa de la democracia que nunca puede estar del lado de quien desafió al Estado y alteró la convivencia de Cataluña.

Este interminable capítulo de humillación (del presidente en funciones y, de paso, del Estado) supera la ficción. Que la ley de impunidad vaya a beneficiar a incendiarios de Tsunami y los CDR es una provocación que sólo persigue premiar a los delincuentes y castigar a quienes impartieron justicia en defensa del Estado de Derecho. Que la medida de gracia acabe incluyendo a los implicados en el ‘caso Voloh’ donde se investigaron supuestas conexiones del independentismo de Puigdemont con el Kremlin parece una emulación de la serie ‘Oficina de Infiltrados’. Pero está ocurriendo.

Que los vocales del Consejo General del Poder Judicial estén vetados por el propio Pedro Sánchez para hacer nombramientos porque tienen el mandato caducado, no quiere decir que a los críticos se les pueda coartar, también, su libertad de expresión. A los jueces se les ha llamado golpistas y el Gobierno no los ha defendido. Con la amnistía que supondrá una enmienda a la totalidad a la actuación de la justicia quedará vía libre para que los secesionistas vuelvan a delinquir con total impunidad. Si finalmente se reconoce que los promotores del ‘procés’ sufrieron «persecución policial», el Estado va a quedar indefenso ante nuevos desafíos rupturistas.

Hemos llegado hasta aquí por la ambición desmedida de Pedro Sánchez. Ha dejado pasar hasta la cocina de La Moncloa a los más reaccionarios que quieren destruir el orden constitucional. Y muchos de los socialistas que hasta ayer defendían nuestro marco de convivencia han terminado claudicando ante una forma déspota de presidir un partido y un país. Firmes ante el ‘boss’. Todo para evitar que gobierne otra opción que no sea la suya. Obsesionado en impedir que gobierne el centro derecha. Obcecado en negar la alternancia. Muy democrático, todo.