- Somos el único Estado democrático del mundo que financia golpes contra sí mismo
Una técnica legislativa chapucera, por no decir execrable, consiste en introducir de rondón en la Ley de Presupuestos Generales del Estado disposiciones que poco o nada tienen qué ver con las cuentas públicas ni con la distribución de los recursos de la Hacienda del Reino entre las distintas partidas que marcan la política del Gobierno. Este vicio jurídico ha sido sistemáticamente practicado por Ejecutivos del PSOE o del PP desde la Transición, pese a las reiteradas admoniciones del Tribunal Constitucional advirtiendo que semejante tropelía debería evitarse por hurtar a las Cámaras su capacidad de debatir y modificar si procediera la normativa sobre materias de capital relevancia. En estos días hemos asistido una vez más a esta práctica nefasta en la introducción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en una Disposición Adicional a los Presupuestos de 2022 de la atribución a la Comunidad Autónoma Vasca de la “formación, selección, nombramiento y asignación de primer destino” de los secretarios e interventores municipales.
Personal tutelado por los nacionalistas
La fragmentación de un cuerpo que exige habilitación nacional de acuerdo con la vigente ley de Régimen Local asignando a una Autonomía en particular una competencia que desde hace un siglo correspondía al Estado y hacerlo además de tapadillo, representa una mezcla de frivolidad y carencia de visión nacional que indigna a cualquier ciudadano consciente. Los secretarios e interventores municipales, que son varios miles en nuestro país, tienen a su cargo el control de la legalidad de las actuaciones de las corporaciones locales y aunque son objeto de continuas interferencias de los políticos a los que supervisan, constituyen una barrera en muchos casos eficaz contra arbitrariedades, abusos y corruptelas de alcaldes, presidentes de Diputación, Consejo Insular o Cabildo, que ven así frenadas sus tentaciones de saltarse la ley. De hecho, en el País Vasco, el requisito del euskera ya representa un obstáculo insuperable para muchos habilitados que aspiran a una plaza en las tres provincias y no es extraño que el déficit a cubrir sea en Guipúzcoa del 70%. Las vacantes forzadas que la barrera lingüística supone son cubiertas por personal interino obviamente tutelado por los nacionalistas. El atropello a la Lay de Régimen Local perpetrado por el Gobierno social-comunista consagra una irregular situación de facto que a partir de ahora vendrá alevosamente respaldada por el BOE.
Este lamentable episodio es un paso más en un proceso que a lo largo de décadas ha ido troceando y diluyendo a España como Nación y al Estado como estructura de poder legítimo. Jordi Pujol lo llamaba el “gradualismo” y consiste en ir arrancando competencias a las instancias centrales de tal manera que cada una de estas maniobras se perciba como asumible y no genere alarma social en el resto del país, pero que por acumulación desemboquen en la creación de un sub-estado cerrado, insolidario y cuasi-soberano. Si el golpe del 1 de octubre de 2017 fracasó en Cataluña fue porque los dirigentes separatistas se dejaron llevar por la impaciencia y rompieron la baraja antes de tiempo. Si se hubieran mantenido en la línea pujolista de “peix al cove” (pescado a la cesta), como hacen astutamente los secesionistas vascos, hubieran alcanzado sus objetivos sin traumas ni sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. Cuando Felipe González transfirió a Cataluña en 1993 el 15% de la recaudación del IRPF, renunciando a una parte sustancial de la unidad tributaria española, o Aznar en 1996 el tráfico en las carreteras, expulsando de ese territorio a centenares de guardias civiles que habían construido allí su vida, o los puertos de Barcelona y Tarragona, proporcionando a CiU un instrumento valiosísimo de influencia e ingresos financieros, por citar tres ejemplos significativos, decidieron tales concesiones sin pensar en el interés general, sino en el suyo propio. Ahora Pedro Sánchez sigue sin recato esta estela de renuncias, al igual que sus predecesores, para habitar unos meses más en la Moncloa mientras el nacionalismo supremacista y divisivo avanza imparable en su propósito de liquidar a España como Nación. Somos el único Estado democrático del mundo que financia golpes contra sí mismo, en el que las familias no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial y común y en el que se indulta a sediciosos para que puedan continuar sin trabas su labor disolvente. Sin duda, España es diferente y no precisamente para bien.
Las naciones mueren por desagregación cuando sus integrantes rompen el contrato, abandonan el proyecto o rechazan su identidad. España se encuentra inmersa en la demolición paulatina de esta tríada cohesiva
Las naciones pueden padecer enemigos exteriores e interiores. La paradoja lacerante a la que asistimos impotentes los españoles de que nuestros sucesivos Gobiernos, en lugar de combatir y neutralizar a nuestro peor enemigo interno, se hayan dedicado sin desmayo a suministrarle las armas políticas, institucionales y financieras con las que destruir nuestra unidad nacional, ha alcanzado cotas insufribles.
Una nación puede ser vista como un contrato, un proyecto o una identidad y el devenir de los siglos suele configurarla como una mezcla de las tres cosas. Las naciones mueren por desagregación cuando sus integrantes rompen el contrato, abandonan el proyecto o rechazan su identidad. España, para nuestra desdicha, se encuentra inmersa en la demolición paulatina de esta tríada cohesiva. Nuestro espacio de ayuda y afecto mutuo, la matriz de nuestros derechos y libertades, el cuerpo histórico, cultural y moral que nos sostiene, nos eleva a la condición de ciudadanos y configura nuestra presencia en el mundo y el ámbito de prosperidad económica que nos salva de la escasez y la pobreza, están en serio peligro de desintegración. Más de mil secretarios e interventores municipales han firmado una declaración de protesta ante la última felonía de este itinerario hacia la descomposición final que les afecta directamente. No han sido escuchados. Si España acaba desapareciendo en un estertor débil y postrero, los responsables de esta tragedia quedarán perfectamente señalados con nombre y apellido en los dos grandes partidos nacionales y entrarán a formar parte de la borgiana historia universal de la infamia.