EL CONFIDENCIAL 09/06/13
Admite soluciones individualizadas para los presos
Los encuentros convocados en Bilbao y Pamplona los pasados 14 y 15 de marzo bajo el nombre de Foro Social por el entorno de la izquierda abertzale para tratar de implicar a la sociedad vasca y navarra en el proceso de disolución de ETA han arrojado 12 recomendaciones que suponen una nueva constatación de la debilidad que sufre la organización terrorista.
Tras dos meses de reuniones, los organizadores del Foro Social, con Lokarri a la cabeza, han concluido que, antes de seguir reclamando pasos a los Ejecutivos español y francés, la cúpula de la banda debe entregar todos sus arsenales y desmantelar sus estructuras militares y que los militantes de la banda, incluidos sus presos, deben pedir perdón cuanto antes por su actividad terrorista.
Con todo, la recomendación más inesperada afecta a una de las demandas nucleares de ETA durante el medio siglo que dura ya su historia: la amnistía general para todos los reclusos de la banda. Se trata de uno de los tres pilares que han centrado todas las negociaciones con la cúpula de ETA, junto a las condiciones para la vuelta de sus militantes huidos y los objetivos políticos. Sin embargo, los encuentros han concluido que la situación de los presos deberá estudiarse de forma “individualizada, escalonada y en tiempo prudencial”. Nada de amnistías generales. Además, la “reintegración deberá realizarse por medio de cauces legales”, descartando así cualquier solución basada en medidas excepcionales.
Una posición consensuada con la izquierda abertzale
La recomendación tiene especial significado porque tanto en las jornadas del Foro Social como en la elaboración de sus conclusiones ha participado activamente la izquierda abertzale a través de Bildu, su marca política en las instituciones, y el resto de colectivos que componen su galaxia organizativa. La propia convocatoria del Foro Social forma parte de la hoja de ruta que ha diseñado ETA para su proceso de disolución. La banda siempre ha considerado imprescindible que, junto a la negociación directa con los Ejecutivos español y galo y la llamada mesa de partidos, debe articularse un mecanismo para implicar a la sociedad civil en el final de lo que llaman «conflicto vasco».
Pero la renuncia a la amnistía constituye una auténtica novedad. Tanto Bildu como Sortu, la marca que agrupa al sector más duro del brazo político de la banda, se han manifestado públicamente a favor de las recomendaciones. Y el EPPK, la organización que agrupa al frente de makos, el colectivo de presos de la banda, ha anunciado la apertura de un proceso de reflexión para debatir si interioriza las recomendaciones. El debate será tenso, porque las conclusiones dibujan un futuro para los reclusos mucho más oscuro del que les había prometido la cúpula de la banda a cambio de la declaración del alto el fuego permanente de octubre de 2011.
La decisión del EPPK será determinante. Entre otras cosas, porque con 800 miembros de la banda en prisión frente a la veintena que, aproximadamente, sigue en libertad, esas siglas representan como nada a la ETA actual. En los últimos meses, las relaciones entre la dirección de la organización terrorista y los militantes encarcelados se han mantenido en un tenso equilibrio. Las recomendaciones del Foro Social pueden fulminarlo.
Victoria del Estado de Derecho
Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario interpretan este cambio fundamental en las posiciones de la izquierda abertzale como una victoria del Estado de Derecho que vuelve a demostrar que ETA no se encuentra en condiciones de mantener las exigencias maximalistas que siempre había considerado innegociables.
En la práctica, la aceptación de la reinserción individualizada supone la asunción de la estrategia actual del Ministerio del Interior. Desde su llegada, el máximo responsable de la cartera, Jorge Fernández Díaz, ha defendido el estudio individualizado de la situación de los presos etarras como única vía posible para su reinserción, finiquitando así la “vía Nanclares” abierta por su predecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
De hecho, el Foro Social reclama a los presos “mostrar su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas” y expresar “un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación”, exactamente los mismos requisitos que ha puesto insistentemente Fernández Díaz desde que llegó al cargo para que los reclusos de la banda puedan acogerse a beneficios penitenciarios, siempre en el marco de la legalidad vigente. Las posiciones de ETA y el Gobierno están ahora más cerca.