Es un problema que, indudablemente, agravará la nueva ley de vivienda aprobada este pasado jueves en la Cámara Baja, pero que ha estado siempre ahí. Los propietarios, a menudo modestos, de domicilios en alquiler nunca han tenido en nuestro país una legislación que realmente les respalde y proteja eficazmente de esa clase de inquilinos que deciden dejar de pagar la renta o destrozar el piso en el que han vivido y arramblar en su huida hasta con los zócalos y las puertas. Antes que esta demencial y prodelincuencial legislación que directamente protege al okupa declarado y explícito ya había un agujero legal para defenderse del inquilino que mutaba en lo que se ha llamado el ‘inquiokupa’ (el palabro se las trae). Litigar por un impago de alquiler ha sido siempre en España una pesadilla en la que el propietario acababa perdiendo dinero, tiempo y hasta la salud. El famoso dicho de «tengas pleitos y los ganes», que refleja la generalizada y endémica desconfianza de la Justicia como una genuina realidad nacional, encuentra en este enfangado terreno de los alquileres un ilustrativo ejemplo.

Con los alquileres pasa en nuestro país como pasaba con los cheques bancarios. Existía un generalizado rechazo a éstos como forma de pago en los comercios porque no existía una legislación que defendiera al vendedor del clásico cheque sin fondos. El comerciante prefería dar por perdido el cobro de un abrigo o una camisa antes que iniciar el camino de la denuncia, que era un seguro y lento calvario. Se creó, así, la superstición, el tópico, la falsa creencia de que «el español prefería el dinero en metálico» al contrario que lo que sucedía en el resto de Europa. Pero lo que pasaba en el resto de Europa es que el talón sin fondos estaba perseguido y penado con rapidez y eficacia. Dicho lugar común quedó desmentido cuando llegó el pago por tarjeta. En sólo una década, la de los 70, las tarjetas se fueron imponiendo entre los españoles, y para los años 80 ya eran una forma habitual de compra que los comercios aceptaban, pese a su coste, porque no encerraba ningún peligro de fraude.

Los alquileres crecerían y se abaratarían en nuestro país si hubiera una legislación que amparara a los propietarios. Pero, en lugar de ésta, el Gobierno Sánchez ha escogido el camino contrario: la deslegitimación del propietario y de la propiedad. Con la nueva ley de vivienda, el populismo sanchista suma al aumento de la inseguridad económica el de la inseguridad jurídica. El Estado delega en el ciudadano la solución de un problema que no ha sabido solucionar. La Constitución define al nuestro como un Estado social. Pero aquí el social no es el Estado, sino el pringado: el contribuyente. Así cualquiera gobierna.