La presentación de las enmiendas a las proposiciones para blindar los perfiles lingüísticos en la reforma de la Ley de Empleo Público, culminada ayer con las aportaciones del PSE, certifica una compleja realidad que viene a revivir la imagen de la Euskadi dividida. El euskera se ha convertido en una asignatura pendiente para los partidos, incapaces de renovar los acuerdos transversales que aseguren su avance sin rupturas, cincuenta años después del proceso de euskaldunización. El debate abierto sobre el grado de conocimiento de la lengua vasca en la Administración revela las profundas diferencias que separan entre sí a las grandes sensibilidades ideológicas del país, llamadas a compartir al menos las bases de cualquier renovación con pretensiones de arraigo social. Las discrepancias están en el origen del deterioro de las relaciones entre PNV y PSE, agudizado a raíz del fotomontaje de Aitor Esteban colgado por los socialistas, una desafortunada imagen que el partido de Eneko Andueza se resiste a borrar de su cuenta. Dejarse influir por el ambiente preelectoral no ayudaría a la búsqueda de un amplio y necesario consenso entre diferentes, en el que puedan entenderse los derechos lingüísticos y los laborales.