El Gobierno echó ayer un jarro de agua fría sobre la pretensión de Ciudadanos de suprimir los aforamientos judiciales de los que se benefician los cargos públicos y electos a más tardar en el primer trimestre de 2017.
Todo indica que no será posible cumplir este objetivo, incluido en el punto 94 del pacto firmado el pasado mes de agosto entre la formación que lidera Albert Rivera y el Partido Popular, en virtud del cual el partido naranja comprometió su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy.
Ayer, el propio Rivera recordó al Gobierno su promesa, pero la respuesta no fue esperanzadora. El presidente de Ciudadanos interrogó a la númerodos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a este respecto. Más que de una pregunta se trató de un recordatorio de la deuda adquirida.
Y Santamaría dio largas para resarcirla. Ciudadanos mantiene que bastaría con reformar los artículos 71 y 102 de la Constitución para poner fin a lo que ellos consideran un «privilegio de los políticos» y que, en definitiva, consiste en que los altos cargos y los representantes de los ciudadanos sólo rinden cuentas ante el Tribunal Supremo porque gozan de un margen previo de inviolabilidad que no existe para el común de los ciudadanos.
Se trata de un beneficio que, según la formación naranja, contribuye a encubrir corruptelas y abusos y, en consecuencia, mina gravemente la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
Los citados artículos de la Carta Magna podrían ser modificados con la conveniente mayoría parlamentaria sin necesidad de embarcarse en un proceso agravado de reforma, puesto que no pertenecen a los capítulos blindados de la Constitución.
A ello se atiene Ciudadanos cuando exige que la modificación se lleve a cabo de forma «exprés», a imagen y semejanza de la que pusieron en marcha PP y PSOE para cambiar, urgidos por la crisis y por Bruselas, el artículo 135 de la Constitución.
Pese a los argumentos de C’s, el Gobierno no ve más que obstáculos para alcanzar el objetivo. Ayer, la vicepresidenta recordó que en España existen hasta 280.000 aforados, de los cuales 2.000 son cargos públicos y electos, 15.000 jueces, magistrados y fiscales, y 263.000 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a los que parcialmente se aplica este privilegio.
Modificando los artículos 71 y 102 de la Carta Magna sólo se cumpliría el objetivo que pretende el partido de Rivera en 650 casos. Para suprimir aforados en una cuantía considerable será imprescindible acometer de manera «acompasada» todo un abanico de cambios legislativos, entre los que se incluiría no sólo la modificación de la Carta Magna, sino también los 19 estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo, entre otras normas.
A ello habría que añadir, según explicó la número dos de Rajoy en Moncloa, la delimitación clara del ámbito de responsabilidad respecto del cual se quiere suprimir el aforamiento. En definitiva, si se pretende anularlo para todo tipo de delitos o únicamente para los relacionados con la actividad pública.
La vicepresidenta, además, tuvo que responder a los reproches de la diputada de Podemos Carolina Bescansa, a cuenta de los vetos impuestos por el Gobierno a las iniciativas legislativas planteadas por la oposición. Para la formación morada, el Ejecutivo «secuestra» así la capacidad del Parlamento. En el mes y medio de mandato, el Gobierno ha utilizado su capacidad de veto para frenar 19 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. Santamaría justificó estos frenos en que, de haberse aprobado las iniciativas, el gasto extra habría ascendido «de una tacada» a 15.000 millones de euros.