El juicio contra el ex president Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau por desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir las votaciones del 9-N está generando tensión tanto dentro como fuera de la sala de vistas. Si en las primeras sesiones se vio cómo el tribunal intervenía para recordar a Mas que comparece como acusado o para cortar largas intervenciones de las partes, ayer se vivió una agria discusión entre el fiscal Emilio Sánchez Ulled y el ex consejero y actual diputado en el Congreso Francesc Homs, que declaró como testigo en el juicio.
La Fiscalía no quiso preguntar a Homs, como hicieron las defensas de los procesados, «por respeto» al diputado, ya que está procesado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo, donde le corresponde por su condición de parlamentario nacional. Al escuchar que ni el fiscal ni la acusación popular iban a hacerle preguntas, Homs ironizó en voz alta: «¡Qué lástima!», y después el tribunal le permitió salir tras acabar su comparecencia.
El diputado no tuvo bastante con esta intervención y al finalizar la sesión esperó fuera al fiscal y le dijo: «Qué lástima que no me hayas preguntado, te habría podido contestar». Sánchez Ulled no se mordió la lengua y replicó: «Haga que me asciendan igual a como han hecho con todos los funcionarios, llame a Madrid y que me envíen al Supremo, donde sí podré interrogarlo». Unos minutos más tarde, mientras comparecía ante los medios para valorar que el Supremo ha fijado la fecha de su juicio, Homs incidía y lamentaba que el fiscal no tuviera «el coraje y la valentía» para preguntarle sobre su participación en la consulta del 9-N.
La respuesta del fiscal a Homs en esta conversación fuera de la sesión del juicio está relacionada con la promoción de varios cargos del Govern que colaboraron en la organización del «proceso participativo», según lo que han declarado varios testigos en el juicio.
Sería por ejemplo el caso de la entonces delegada de Servicios Territoriales de Enseñanza de las comarcas de Barcelona, Montserrat Llobet, que ahora es directora general de Educación Secundaria Obligatoria. En su declaración judicial del martes, Llobet reconoció que se reunió con directores de instituto y les dijo que debían ceder los centros para las votaciones, ya que son propiedad de la Generalitat.
Según la declaración de la directora de instituto Dolores Agenjo, que se negó a entregar las llaves de su centro en L’Hospitalet, Llobet la llamó varias veces 48 horas antes de las votaciones para que le diese las llaves y sólo paró cuando la directora dijo que lo haría si recibía una orden por escrito.
Otro cargo al que podría referirse el fiscal es la entonces directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire), Elisabet Abad, que ahora es senadora del PDeCAT, las nuevas siglas de Convergència. El Cire se encargó de elaborar urnas y papeletas para la consulta.
Antes del intercambio de reproches, Homs declaró ante el tribunal que cuando llegó la resolución del Constitucional con la suspensión del «proceso participativo» él era consejero de Presidencia y responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat. Por eso, tras analizar la providencia, instó al Govern a seguir con las votaciones, ya que no incumplían «ninguna irregularidad» ni incurrían «en un tipo penal».
En este sentido, Homs recordó que tras pasar el 9-N hubo un acuerdo de la Junta de Fiscales diciendo que no existía delito por permitir el proceso participativo. «Ratifican lo que dije: que no estábamos incurriendo en ningún tipo penal». Por esta razón, Homs explicó que el 4 de noviembre, cuando llegó la suspensión del Constitucional, anunció a los medios que el Govern mantenía la consulta. Una afirmación que contradice la estrategia de defensa de los procesados, que aseguran que una vez llegó la suspensión la organización de las votaciones quedó en manos de voluntarios.
También declaró como testigo el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, quien reconoció que en la ciudad hubo votaciones en escuelas públicas, algunas de titularidad municipal, aunque le sorprendió «la cantidad de escuelas privadas que participaron». A preguntas del fiscal aseguró que pese a «ponerse a disposición» de Mas «cada escuela tomó la decisión de si abría o no en un ambiente de entusiasmo del que también participaba el alcalde».