EL CORREO 26/06/13
· Espera cerrar ya una reunión con el Gabinete de Urkullu para conocer su visión sobre el centro de damnificados por el terrorismo y ver si es posible un acuerdo.
· El PP rechaza la intención de Lakua de subordinar el centro al futuro Instituto vasco de la Memoria.
El Gobierno central quiere ir con pies de plomo a la hora de dar forma al futuro memorial por las víctimas del terrorismo. La iniciativa, que empezó a forjarse en la pasada legislatura, se paralizó a raíz del adelanto electoral en Euskadi y la posterior vuelta del PNV a Ajuria Enea, lo que dificultó la interlocución entre ambas administraciones. El pasado mes de abril la secretaría de Paz y Convivencia solicitó por escrito a la Dirección de Atención a Víctimas de Madrid la convocatoria de la comisión mixta creada con el fin de impulsar este organismo. Fuentes cercanas al Ministerio del Interior aseguran que el Gobierno central se pondrá en contacto «de inmediato» con Lakua –podría ser esta misma semana– para cerrar una reunión a dos bandas que permita arrojar luz de una vez por todas sobre el memorial.
Los recelos del PP son muchos. Tantos, que el Gobierno de Mariano Rajoy no descarta asumir en solitario la puesta en marcha de este centro «nacional» si no llega a un acuerdo con el PNV en lo que al objetivo y el carácter dinámico que, a su juicio, debería tener el mismo. Su principal temor, así lo remarcan, es que la nueva secretaría de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández quiera «empezar de cero, después del trabajo ya avanzado» con el Gabinete de Patxi López y consiga no solo «retrasar» ‘sine die’ el proyecto, sino «desvirtuarlo». El PSE ha registrado, de hecho, una proposición no de ley en el Parlamento vasco en la que, por un lado, instan al Gobierno central a retomar los trabajos y, por otro, emplazan al equipo de Urkullu a «mantener el mayor grado de colaboración» con Madrid.
La última vez que la comisión bilateral se reunió fue en mayo de 2012. Ambas administraciones acordaron constituir un Real Patronato, adscrito al Ministerio del Interior, que será el encargado de dirigirlo. La presidencia de honor la ostentará el Rey, la presidencia recaerá en el máximo representante del Ejecutivo central, en este caso Mariano Rajoy, y la vicepresidencia, en el lehendakari. Desde entonces han sido muchas las noticias que han rodeado el nacimiento del memorial, entre ellas su posible ubicación en el palacio Zulueta de Vitoria.
Se da la circunstancia de que el edificio es de titularidad municipal, por lo que no se descartaría que el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por el PP, realizasen una permuta, que evitase con ello un importante desembolso económico en plena crisis. Pero también figuran sobre la mesa otros enclaves, como son la Fábrica Azucarera Alavesa y el centro cultural Krea, ambos situados a las afueras de Vitoria, pero libres para albergar un memorial de estas características.
«Sospechas confirmadas»
El proyecto, no obstante, sigue a día de hoy siendo eso, un proyecto. La comisión, cuya presidencia asumió Mari Mar Blanco –una de las personas más críticas con el nombramiento de Jonan Fernández–, lleva más de un año sin citarse. Y, al parecer, no lo hará hasta que el Gobierno central mida el pulso al Gabinete de Urkullu. Es decir, hasta que conozca de primera mano cuáles son las intenciones del PNV respecto al memorial. Sobre todo, cuando –advierten– «nuestras sospechas se están confirmando». Se refieren en este sentido a la apuesta, que ven «prioritaria», del Ejecutivo de Vitoria por el Instituto de la Memoria y el papel «subsidiario o subordinado que el PNV quiere para el centro por las víctimas del terrorismo», censuran.
El borrador del plan de paz del Gobierno vasco, con el que no comulga en Gabinete de Rajoy ni tampoco el PP vasco, establece que el memorial nacional formará parte de la red de espacios que coordine y dinamice el Instituto de la Memoria. Una idea que no comparten desde Madrid, ya que conciben un centro de carácter nacional –así lo recoge nueva la ley estatal de víctimas– con entidad propia.
Los servicios jurídicos del Gobierno central «no vinculan» el protocolo que firmaron en enero del pasado, entonces con un Gobierno en manos del PSE, con el actual Gabinete de Urkullu. Según aseguran, su intención es la de reeditar el citado acuerdo. Sin modificar, eso sí, las bases en las que se asienta el proyecto desde un inicio. Con este objetivo, el Ministerio del Interior –probablemente la directora de víctimas, Sonia Ramos– acudirá a la reunión bilateral entre ambas administraciones, cuya fecha se cerrará en función de las agendas de los respectivos interlocutores. La idea que baraja el Gobierno central es la de dar forma al proyecto en septiembre e incluir una partida económica destinada a convertirlo en una realidad en los Presupuestos generales del próximo año.
EL CORREO 26/06/13