Juan Carlos Girauta-ABC
- El ministro Campo sabe que puede haber mil debates sobre la Constitución, pero no un debate constituyente
Según el ministro de Justicia, estamos en una «crisis constituyente» y tenemos un «debate constituyente». Ambos asertos son falsos, pero una vez formulados pueden empezar a ser ciertos. Es una especie de mecanismo… constituyente. ¿Y qué constituye? Una realidad política nueva donde la Norma Suprema pierde legitimidad. No son las opiniones del magistrado en excedencia Juan Carlos Campo las que inauguran el desarme formal del sistema del 78; son las graves afirmaciones del titular de Justicia en respuesta parlamentaria a una diputada secesionista.
Ocupando un puesto jerárquicamente superior, la vicepresidenta Calvo podría haber dicho lo mismo y lo tomaríamos con pinzas. No quiero enumerar los disparates con que la profesora de Derecho Constitucional ha animado la prensa española en los
últimos años. A decir verdad, no la considero del todo responsable. Algo la impele a expresar principios elementales invirtiendo su sentido, pero siempre he creído que en su mente seguían boca arriba. Ella no se explica las expresiones de estupor e incomodidad con que sus audiencias reciben lo efectivamente dicho. Por eso no me recrearé: dejo al lector curioso optar por una búsqueda morbosa.
Lo de Campo es distinto. Quiere decir lo que dice. Muchos de sus colegas del Gobierno de Viva la Gente ignoran el alcance de expresiones como la que nos ocupa. No es el caso. Campo ha escogido a conciencia el adjetivo «constituyente», que es la clave, y ha bendecido una crisis y un debate. El problema de esta innegable circunstancia es que resulta incompatible con lo propiamente constitucional.
El Gobierno sugirió, sin gran sutileza, que la oposición andaba alentando una fantasmal asonada, levantamiento, alzamiento o insurrección. Pero es él quien ha caído de lleno en la normalización de un golpe de Estado, cuyo concepto canónico, como es sabido, fue acuñado por Hans Kelsen: una modificación de la Constitución no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales. Si se reformara nuestra Superley por vía diferente a la que establece su Título X, sería un golpe de Estado. Pero aquí no se trata ya de reformar, sino de impugnar la legitimidad de la Constitución.
El ministro Campo conoce el Derecho, aunque no lo honre. Sabe que el debate constituyente se celebró en 1977 y 1978, en una legislatura al efecto que terminó el 2 de enero de 1979. Sabe que la Constitución se ha reformado y se puede seguir reformando de acuerdo con sus propias previsiones y procedimientos. Sabe que puede haber mil debates sobre la Constitución, pero no un debate constituyente por la sencilla razón de que la Constitución ya existe, es legítima, es democrática y está vigente. Sabe que cuando se refiere desde el banco azul a la existencia de una «crisis constituyente» está comunicando necesariamente que la legitimidad de nuestra Carta Magna es dudosa. En esa operación de destrucción anda el Gobierno.