EL CORREO 04/10/14
· Recurrirá la creación de la junta electoral ante el Constitucional y avisa de que la Fiscalía está «muy pendiente» de los pasos del Ejecutivo autonómico
El Gobierno sigue creyendo que Artur Mas se echará atrás en la convocatoria del referéndum, pero hasta que ceda no va a permitir que sortee con argucias jurídicas la orden de suspensión de la votación y de todos los actos que conlleve la misma. La Moncloa cree que el presidente catalán ha incumplido la ley con la firma del decreto de creación de la junta electoral o comisión de control de la consulta y lo va a denunciar ante el Tribunal Constitucional.
En el Ejecutivo no se acaba de entender la estrategia de Mas, que, según explicó la vicepresidenta, un día acata la suspensión del referéndum, suspende la campaña para promover el voto y cancela la contratación de personal para el 9N, pero dos días después firma el decreto de la junta electoral en un claro gesto de desobediencia. Pero lo hace, prosiguió Soraya Sáenz de Santamaría, con unas «prevenciones» que dejan «la sensación» de que es consciente de que incurre en una prevaricación.
La ‘número dos’ del Gobierno apuntó que los términos jurídicos del decreto son «novedosos y sin precedentes», un dato que abona la idea de que el texto fue muy meditado para retorcer la legalidad. La orden fue publicada ayer con la particularidad de que no fija una fecha de entrada en vigor y solo señala que está firmado en cumplimiento de «una comunicación del Parlament» y «a los efectos de la vigencia correspondiente». Se podría interpretar, por tanto, que la junta electoral catalana está en un limbo legal al carecer de una fecha de constitución. Si fuera así, no existiría y no se habría producido la desobediencia al Constitucional. Mas ya avisó de que actuaría con «astucia e inteligencia», unas armas con las que «David derrotó a Goliat».
Sáenz de Santamaría, sin embargo, cree que se ha producido «un incumplimiento de la suspensión». El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que lo ponga en conocimiento del Constitucional para que decida qué medidas tomar. Una de ellas podría ser una nueva suspensión, en este caso del decreto, lo que convertiría la junta electoral en papel mojado. La vicepresidenta dejó la impresión de que el Gobierno aún da una última oportunidad al presidente de la Generalitat. La firma del decreto por parte de Mas se interpreta más como un gesto hacia los partidos soberanistas de cara a la cumbre que mantuvieron ayer, que como una voluntad real de vulnerar la ley. Sáenz de Santamaría avisó, no obstante, de que el Ministerio Público «estará muy pendiente» de los actos del Ejecutivo catalán para actuar si aprecia indicios de desobediencia u otro delito.
Impugnación de UPyD
El decreto de creación de la junta electoral también será impugnado por UPyD, en este caso ante el Tribunal Superior catalán, según informó ayer la portavoz de la formación magenta, Rosa Díez. Este mismo órgano judicial admitió ayer mismo a trámite otro recurso de UPyD, éste contra el propio decreto de convocatoria de la consulta soberanista.