EL CORREO 15/05/14
· Las injurias en la red tras el asesinato de Isabel Carrasco abren el debate sobre la libertad de expresión, que el PNV es reacio a «limitar»
La oleada de insultos, injurias y amenazas más o menos veladas que se extendieron en las redes sociales –especialmente en twitter– tras el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha abierto el debate político sobre la necesidad de «poner coto» a la apología del delito en internet. Es más, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desveló ayer que su departamento y el de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón estudian ya posibles reformas legales para perseguir la «incitación al odio» en el ciberespacio, una conducta que, a su juicio, podría ser constitutiva de delito.
«Si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho de los ciudadanos a la intimidad, al honor y a su propia seguridad», detalló Fernández Díaz en los pasillos del Congreso. Se trataría, en definitiva, de «reforzar» la ley para limitar al máximo la impunidad de los internautas a la hora de amenazar, insultar, calumniar o amedrentar a través de las redes sociales, una inquina que, en la actualidad, sufre sobre todo una clase política en horas bajas y pésimamente valorada.
Un debate peliagudo porque afecta de lleno al derecho de libre expresión que provocó ayer opiniones políticas encontradas en plena campaña europea. El PNV, por ejemplo, se mostró renuente a modificar la legislación porque «el contenido esencial» del derecho a la libertad de expresión «no puede ser objetivo de limitación». El portavoz jeltzale de Justicia, Emilio Olabarria, pidió cautela y reconoció la «complejidad» de aplicar los mecanismos de control al ciberespacio, pero recordó que el Constitucional siempre ha interpretado de manera «expansiva» la libertad de expresión.
En el PSOE, Elena Valenciano vio «innecesario» acometer una regulación específica y abogó por aplicar la misma vara de medir que «en la plaza pública». Su compañero de filas Juan Fernando López Aguilar, en cambio, se mostró partidario de evitar que las redes se conviertan en «paraíso de la impunidad». UPyD apostó por una regulación «equilibrada y armonizada» del uso de los nuevos canales de comunicación.
El Ministerio del Interior, que ya impulsó recientemente una investigación policial para identificar a internautas que habían publicado comentarios vejatorios y ofensivos contra víctimas de ETA en internet –21 detenidos quedaron en libertad con cargos por hacer apología del terrorismo en las redes sociales–, dejó claro, en ese sentido, que «no es la primera vez que hemos actuado ni será la última». «Es mejor prevenir que curar», abundó Fernández Díaz, convencido de que los comentarios que se vierten en internet «bajo el antifaz» del anonimato pueden tener «consecuencias drásticas para todos». «Cuando el cadáver estaba todavía en el suelo», dijo en alusión al asesinato de la líder leonesa del PP, ya se habían publicado tuits «repugnantes», lamentó.
Ofensiva del PP
Desde el PP se emprendió, de hecho, una auténtica ofensiva dialéctica para denunciar la actitud de un sector de los usuarios de internet tras el crimen y, de forma genérica, la violencia verbal en las redes contra los políticos en general y su partido en particular. Varios dirigentes de primera línea abordaron el asunto, entre ellos el ‘número dos’ de la candidatura europea, Esteban González Pons, que aseguró que recibe a diario amenazas «insoportables» vía twitter. «En las redes debe estar prohibido lo mismo que está prohibido en la calle», defendió.
El portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, también abogó por «poner freno» a quienes «atacan la convivencia pacífica y democrática», pero insistió en la necesidad de debatir «con calma» las posibles reformas en la subcomisión del Congreso sobre redes sociales. «El insulto y la descalificación no son de derechas o de izquierdas. Tenemos que proteger las redes sociales de quienes se las están cargando», resumió. Uno de los candidatos catalanes del PP al 25-M, Santi Fisas, llegó a denunciar las amenazas de muerte de las que los populares han sido objeto en twitter, donde ha circulado un mensaje en el que los nombres de Rajoy, Alicia Sánchez Camacho, Esperanza Aguirre y Soraya Sáenz de Santamaría aparecían con casillas en blanco al lado. En el caso de Isabel Carrasco, la casilla estaba marcado. «Nos están diciendo ‘tú serás el siguiente’. No todo vale», lamentó.
En ese contexto, el dirigente de IU Gaspar Llamazares, denunció la «caza de brujas» de Interior y el intento «desesperado» de los populares de «politizar» el asesinato de Isabel Carrasco pese a que, subrayó, se trata de un crimen «común».