ABC 15/03/14
· Santamaría advierte a Mas de que el Ejecutivo no permitirá sacar las urnas para celebrar el referéndum ilegal
La intención de Artur Mas de sacar las urnas el próximo 9 de noviembre para celebrar el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña ha chocado contra el muro del Gobierno. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer al presidente de la Generalitat que el Gobierno de la Nación no va a permitir «actos de naturaleza ilegal». Los ciudadanos, añadió Santamaría, deben tener «la completa seguridad» de que el Gobierno «cumple y hace cumplir las leyes». «Las hará cumplir. Ningún Gobierno, y éste no lo va a hacer, va a permitir actos ilegales», subrayó como respuesta a las intenciones manifestadas por Artur Mas.
El Ejecutivo está muy atento también a cada paso que da la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, una organización civil que cuenta con más de 500 asambleas territoriales, asambleas sectoriales y particulares, que tiene como objetivo lograr la independencia y marcar la hoja de ruta que debe seguir la Generalitat. Incluso ha puesto fecha al referéndum para la aprobación de la Constitución de la «república catalana»: el 11 de septiembre de 2015, Diada de Cataluña.
Santamaría se refirió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a esas intenciones inconstitucionales, y remarcó que «este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones». Por otro lado, informó de que la Delegación del Gobierno en Cataluña ya ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa las aportaciones que han realizado 28 ayuntamientos a la independentista Asociación de Municipios de Cataluña (AMI), una entidad presidida por el alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila d’Abadal, ex dirigente de UDC. Vic es uno de los municipios que el Estado ha llevado ante el juez por pagar 3.600 euros al año a la AMI con fondos públicos. Un total de 668 ayuntamientos catalanes y 36 consejos comarcales, diputaciones y entes municipalistas están adheridos a esta entidad.
El Gobierno basa sus recursos en dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon la decisión de los ayuntamientos vascos de Barrundia y Alegria-Dulantzi de entregar 300.000 y 522.000 pesetas, respectivamente, a Udalbitzia (asamblea de municipios vascos). Según el alto tribunal, un ente local no puede destinar fondos públicos a intereses políticos, pues en aquel caso, se trataba de dar apoyo a una organización dedicada a defender «Euskal Erria como nación propia y diferenciada en el ámbito internacional».
«División social»
Al Gobierno le preocupan especialmente las «consecuencias» que pueda tener este desafío secesionista en la sociedad, sobre todo por la «división social» y la «incertidumbre» que está generando en Cataluña, según comentó Santamaría.
Por eso, la vicepresidenta no puso ningún reparo a que el Gobierno explique en el Parlamento autonómico catalán esas consecuencias que puede tener el plan de Artur Mas y sus aliados. El Ejecutivo «no tiene ningún inconveniente» en explicar donde haga falta el informe « Por la convivencia democrática», que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel GarcíaMargallo, ha enviado a embajadas y consulados españoles para exponer en qué se traduciría una eventual independencia de Cataluña.