Si es verdad, como suele decirse, que todo Gobierno es de coalición entre el ministro de Hacienda de turno y el resto de sus colegas, es seguro que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 han configurado el Consejo de Ministros más cohesionado de la historia. No en vano, se trata de los Presupuestos más expansivos nunca vistos por la economía española. Gracias, al menos, a tres factores que han coincidido en el tiempo. Y en todos tiene que ver Europa.

Por un lado, hay que enmarcarlos en una política monetaria ultraexpansiva sin precedentes desplegada por el BCE desde el inicio de la pandemia, lo que permite financiar gasto público con un coste residual en término de tipos de interés (el banco central compra directamente la deuda). Por otro, los Presupuestos Generales del Estado de 2022 son singulares por la llegada de la segunda tanda de fondos europeos (27.633 millones este año), y, por último, porque al seguir suspendidas las reglas fiscales —al menos hasta 2023 no entrarán en vigor las nuevas, siempre que haya acuerdo sobre la reforma— el gasto del Estado puede seguir creciendo con menos restricciones. Desde luego, sin vigilancia por parte de la UE, a quien ahora preocupan, sobre todo, las reformas económicas, más que las políticas presupuestarias.

Para hacerse una idea de lo que significan los nuevos fondos europeos, solo hay que tener en cuenta que representan el 92% de lo que gastará el Estado en pagar el servicio de la deuda.

Eso quiere decir que el aumento del elevado endeudamiento (115% del PIB) saldrá prácticamente gratis. De hecho, la partida de gastos financieros (30.175 millones) descenderá un 4,7%, lo que supone un ahorro de 1.480 millones respecto de este año. Esta es la paradoja: más deuda pública (hasta alcanzar los 1,29 billones de euros), pero con menor coste. Un ministro lo decía hace unos días en privado: “Nunca antes me he visto con unos Presupuestos como estos, en los que puedo hacer políticas impensables antes de la pandemia”.

No es la única paradoja. Lo significativo es que, pese al incremento del gasto público, el déficit público bajará de forma relevante si se cumplen las previsiones del Gobierno. Debería pasar del 8,4% de este año al 5% del producto interior bruto (PIB) en 2022. Básicamente, por el fuerte tirón de los ingresos, tanto de fuera como de dentro.

Un Presupuesto de ensueño

Todas las figuras impositivas crecerán de forma significativa. En concreto, entre un 6,7% (IRPF) y el 11,8% (sociedades). El impuesto sobre la renta superará por primera vez los 100.000 millones de euros de recaudación (100.132 millones). Incluso las cotizaciones sociales, que son la partida de mayor recaudación del Estado, alcanzarán los 168.141 millones, con un crecimiento del 9,6%, muy por encima del PIB nominal (con inflación). O del 10,8% si se tienen en cuenta todos los ingresos no financieros. Por lo tanto, muy por encima de lo que crecerá el PIB (7%, según el Gobierno). Es más, la base imponible total de los principales impuestos, como avanza Hacienda, cerrará este año con un crecimiento del 8,2%, lo que permitirá volver al nivel de 2019, mientras que para 2022 se prevé un incremento del 6%. En definitiva, tasas de crecimiento de ensueño para cualquier Gobierno.

Aun así, el desequilibrio entre ingresos y gastos, con rebaja incluida, será extraordinario. El presupuesto consolidado del Estado, incluyendo organismos autónomos, Seguridad Social y otros entes públicos, ascenderá el año que viene a 527.107 millones de euros, pero los ingresos previstos —con un crecimiento de nada menos que el 12,7%— ascenderán a 376.998 millones, incluyendo impuestos, cotizaciones sociales, rentas que obtiene el Estado por su actividad económica o transferencias de capital. De aquella cantidad, los ministerios, directamente, gestionarán 49.671 millones, menos del 10%. El resto corresponde a transferencias corrientes y de capital, condicionadas o no, a otros organismos gestores. 

Es decir, el desajuste entre ingresos y gastos será equivalente a 150.111 millones, incluyendo operaciones financieras y no financieras. Una parte corresponde al déficit y otra al nuevo endeudamiento neto que tendrá que asumir el Estado (unos 80.000 millones). De la cantidad total, ese más de medio billón de euros de que dispondrá el Estado para gastar, casi 380.000 millones se destinarán a operaciones corrientes, no de inversión, donde se incluyen, por ejemplo, los gastos financieros.

El servicio de la deuda será, de hecho, la partida principal (30.271 millones), seguida de gastos de personal (25.859 millones), con un aumento del 3,4%. El sueldo de los empleados públicos, en todo caso, crecerá un 2%, ya que el resto corresponde a reclasificaciones, nuevo personal o pago de atrasos. Casi el 40% de lo que gastará el Estado en personal se lo lleva el Ministerio de Interior, mientras que otro 26% se destinará a pagar el sueldo de los empleados civiles y militares del Ministerio de Defensa. 

El gasto corriente, es decir, la compra de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la Administración del Estado (10.947 millones), por su parte, se incrementará un 10,4%. Fuera de las operaciones corrientes, la principal partida son las transferencias de capital, algo más de 32.240 millones de euros.

Política fiscal

En total, el 64,5% de las transferencias se destinará a familias e instituciones sin fines de lucro, siendo su componente más importante las pensiones. Las transferencias a las administraciones territoriales representarán el 21,6% sobre el total. A destacar el hecho de que la Seguridad Social ya supone el 38,9% del gasto consolidado del Estado, y con una tendencia creciente a medida que se mejoran sus prestaciones (las pensiones subirán como lo haga el IPC entre noviembre y noviembre —media anual—) y prosigue el aumento de la longevidad.

La política fiscal expansiva es lo que permitirá al Estado aumentar la inversión pública hasta los 21.434 millones de euros, de los que algo menos de la mitad irán a infraestructuras. De esta cantidad, casi el 20% procede de los fondos europeos, lo que revela su importancia. El Ministerio de Defensa, con sus programas plurianuales, vuelve a ser el departamento más inversor. Uno de cada tres euros (el 34%) corresponde a inversión real del ministerio de Margarita Robles. Ciencia e Innovación, por ejemplo, apenas supone el 4,6% de la inversión real del Estado, menos de la mitad que Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

En la misma línea, el Estado dispondrá de bastantes más recursos para partidas como la dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en concreto, contará con 629 millones de euros más que en el Presupuesto de 2021 para destinarlos a actuaciones como la atención a personas en situación de dependencia, cuyos créditos se incrementan en 548 millones, además de actuaciones en materia de protección a la familia, pobreza infantil y plan concertado, que se dotan con 40 millones más. Para la ayuda al desarrollo, igualmente, se destinan 135 millones más, aunque de este modo solo representa el 0,28% del PIB, lejos del 0,7% a que se han comprometido muchos Estados, entre ellos España. 

Este es el caso, igualmente, del Ministerio de Cultura, cuyo presupuesto no financiero crece nada menos que un 40%, lo que supone 275 millones de euros más que el año anterior, fundamentalmente por la puesta en funcionamiento del bono cultural, dotado con 210 millones de euros. Hay dinero, aunque también déficit.