EL MUNDO – 30/01/16
· Considera que el Parlament catalán maniobra para incumplir el fallo del Constitucional.
Con casi toda seguridad, la decisión provocará el primer choque de importancia de la legislatura entre el Gobierno español y la Generalitat. Porque el presidente catalán, Carles Puigdemont, garantizó ayer que actuará con la «máxima firmeza» para seguir trabajando «con normalidad absoluta» en la hoja de ruta soberanista, que prevé que el Parlament declare de alguna forma la independencia en 18 meses.
La Cámara catalana puso en marcha el jueves las comisiones de la legislatura, entre las que se incluye la del Proceso Constituyente. Las negociaciones entre los independentistas de Junts pel Sí y la CUP, y Catalunya Sí que es Pot (la confluencia de Podemos e ICV) provocaron que finalmente sea una comisión de estudio, no legislativa, pero el Gobierno ve igualmente elementos para impugnarla ante el TC.
El Ejecutivo central en funciones cree que la maniobra del Parlament esconde una «voluntad deliberada de incumplimiento» de la sentencia del TC que anuló la resolución independentista del pasado 9 de noviembre, en la que se especificaba el proceso de ruptura con el resto del país y que anunciaba que se desobedecerán las decisiones de las instituciones españolas.
El Gobierno ha decidido impugnar la creación de la comisión conforme a preceptos de la reforma de la Ley Orgánica del TC aprobada a finales de año, con la que se habilitó al Alto Tribunal para actuar ante vulneraciones de sus propias resoluciones e incluso establecer sanciones o suspender de sus funciones a los responsables, informa Efe.
Para el Gobierno, crear esa comisión de estudio tiene efectos jurídicos inmediatos e implica introducir en el ordenamiento, con apariencia de validez un objeto específico, la apertura de un proceso constituyente al margen de la Constitución, lo que es contrario a la norma y vulnera la resolución de inconstitucionalidad del propio TC.
«No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional», resumió ayer la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.
No es la única actuación de la Generalitat que el Ejecutivo cuestiona. El Gobierno también pedirá un dictamen al Consejo de Estado para plantear un conflicto positivo de competencias en relación a la creación, la denominación y el ámbito de competencias del Departamento de Relaciones Exteriores de la Generalitat. Se trata de la primera vez que el Govern tendrá un área dedicada en exclusiva a los asuntos internacionales, con Raül Romeva al frente.
Ciudadanos consideró la decisión «un paso lógico», y el PSC juzgó «contradictorio» que el Ejecutivo del PP pida al TC anular una comisión en la que participan diputados populares, pese a no estar conformes. Tanto los representantes de C’s como los socialistas renunciaron a estar representados.
Puigdemont se aferró por su parte a la necesidad de «cumplir el mandato democrático del 27-S». Los independentistas se quedaron en un 47,8% de los votos, pero gracias a la Ley Electoral tienen la mayoría absoluta de los escaños.
Como lleva días haciendo, el presidente de la Generalitat subrayó que el Gobierno español está en funciones: «Ya que ellos demuestran incapacidad para gobernar, al menos que nos dejen hacerlo a nosotros».
El presidente catalán también se refirió a las primeras discrepancias entre CDC y ERC sobre el calendario independentista. Según él, no hay diferencias, aunque ambos partidos hablan con intensidad muy diferente de la declaración de ruptura que el Parlament aprobará al final de la legislatura.
Esa distancia escama también a la CUP. Anna Gabriel, diputada del partido antisistema, advirtió a Junts pel Sí (la coalición entre Convergència y Esquerra que gobierna en Cataluña) de que su partido no aceptará «vacilaciones» ni «dilaciones innecesarias» en la hoja de ruta soberanista, al tiempo que no apoyará unos presupuestos de la Generalitat «injustos» que no contemplen cambios claros en determinadas cuestiones fiscales y sociales.
CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que el Govern presentará un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del Plan Hidrológico del Ebro, y que trabajará para generar las complicidades institucionales necesarias «para detener el despropósito del Gobierno español».
Puigdemont se reunió en Tortosa (Tarragona) con los máximos representantes de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) para tener conocimiento directo de una «reivindicación muy clara del territorio y un sentimiento compartido en todo el país», informó la Generalitat en un comunicado. «Hacemos nuestra la reclamación», añadió.
EL MUNDO – 30/01/16