EL CORREO 10/06/14
· El PNV insiste en que seguirá buscando un acuerdo transversal en la ponencia: «Ni queremos ni podemos imponer nuestro proyecto»
El Gobierno vasco cree que la gran movilización ciudadana del pasado domingo en favor del derecho a decidir ha permitido «constatar» que el Estado tiene «dos problemas», el catalán y también el vasco, y confía en que Mariano Rajoy reciba el mensaje y dé alguna señal de que toma en consideración la «oferta de diálogo» que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha puesto sobre su mesa para lograr un nuevo estatus político. Aunque ni el Gobierno de Vitoria ni el PNV tienen ninguna intención de lanzar un órdago al Estado al estilo de Artur Mas, sí esperan que el «clamor social» en favor de que los vascos sean consultados sobre su futuro sea al menos «escuchado» y contestado con algo más que el silencio que suele guardar el presidente del Gobierno ante los asuntos espinosos e incómodos.
La multitudinaria iniciativa, en la que más de 150.000 personas, según Gure Esku Dago, entrelazaron sus manos a favor del derecho a decidir entre Durango y Pamplona, debería ser leída en La Moncloa, según el Ejecutivo de Urkullu, como la demostración palpable de que los vascos «quieren algo más» y, además, están movilizados para lograrlo. Ante eso, confían en que el presidente del Gobierno, en lugar de refugiarse en el inmovilismo y esperar a que el problema se enquiste como en Cataluña, se implique directamente, máxime cuando desde Euskadi no se le lanza un ultimátum sino un «planteamiento abierto de diálogo». El Gobierno vasco es consciente de que la pulsión soberanista ha echado raíces poderosas en el tejido social abertzale, no sólo por el ejemplo catalán y escocés, sino también porque, con ETA inactiva, la reivindicación ha podido desarrollarse en una atmósfera festiva y colorista –«como si fuera un Ibilaldia», ilustran– que puede ser «asumida por todos», por las bases del PNV, aun sin consigna expresa de los batzokis, e incluso por sectores no nacionalistas.
Pero en Ajuria Enea son conscientes, al mismo tiempo, de que el devenir de los procesos en Escocia y Cataluña podría avivar el independentismo en Euskadi –sobre todo si triunfase el ‘sí’ a la independencia del Reino Unido– y echar a rodar el debate por una pendiente imprevisible que EH Bildu no dudaría en aprovechar. Por eso, consideran deseable que el presidente del Gobierno dé alguna señal de que está en disposición de atajar el incendio catalán e impedir que se desate el vasco, e incluso que haga algún guiño en ese sentido antes de que los escoceses acudan a las urnas, el próximo 18 de septiembre.
Es más, según el análisis que hacen el lehendakari Urkullu y su entorno más próximo, la «grave» e inédita crisis política, institucional y económica que amenaza los cimientos mismos del sistema puesto en pie durante la Transición aconseja también buscar una solución satisfactoria que procure un panorama estable al menos para una generación. «Lo que se hizo en el 78 ha tocado a su fin», concluyen; «entonces se quiso igualar a todos, y ahora algunos de los que tienen las competencias piden devolverlas porque no tienen dinero para sostenerlas y, otros, como Euskadi y Cataluña, demandamos más autogobierno».
«Diálogo real»
¿Por qué mantener entonces un diseño que ya no da cobijo a las aspiraciones de nadie?, se preguntan en el Gobierno vasco, máxime en un momento en el que la profunda crisis del bipartidismo, la eclosión de nuevas fuerzas de izquierdas, el consiguiente debilitamiento del PSOE y el auge del republicanismo dibujan un escenario revuelto e imprevisible en el que sólo parece haber consenso sobre la urgencia de una reforma constitucional que dé cauce a una ‘segunda transición’. En ese contexto, el Ejecutivo de Vitoria, consciente de que el viejo esquema de esperar una victoria por la mínima del PSOE en las generales para negociar en mejores condiciones está caduco, cree razonable dar «cabida» desde ya en el nuevo modelo institucional a las dos únicas «nacionalidades» que lo piden: Euskadi y Cataluña. Y por eso esperan que el Gobierno central manifieste «voluntad de acuerdo», deje margen a las reformas y se muestre dispuesto a entablar un «diálogo real». «Tienen un problema y es el momento de abordarlo», resumen.
Mientras, el PNV sigue insistiendo en que no se echará al monte pese al éxito de la cadena soberanista y seguirá buscando un acuerdo amplio y transversal en el seno de la ponencia de autogobierno. «No renunciamos a nuestros objetivos», explican portavoces autorizados del EBB, pero a la vez «seguiremos buscando un gran acuerdo» en el foro parlamentario. La ponencia, que acaba de arrancar la fase de comparecencias y análisis, no comenzará los trabajos a puerta cerrada hasta, al menos, dentro de un año, pasadas ya las municipales y forales y conocido el desenlace del entuerto catalán. El EBB niega, además, que la defensa del derecho a decidir, que está «en el ADN» del partido desde su fundación, sea incompatible con buscar al mismo tiempo un punto de encuentro intermedio entre las distintas sensibilidades políticas. «Al contrario, ¿qué hay más democrático que eso? Tenemos nuestros objetivos pero queremos llegar a un acuerdo sin bloqueos ni aspiraciones de máximos. El PNV ni quiere ni puede imponer su proyecto», enfatizan.