EL MUNDO – 28/01/16
· CDC rebaja el anuncio de la independencia en 18 meses a una «declaración de intenciones».
Pasado el fragor de la campaña de las elecciones catalanas, y superada también la agónica negociación que desembocó en la sorprendente investidura de Carles Puigdemont, una pregunta sobrevuela los primeros días de la legislatura: ¿cuándo tiene previsto el Govern declarar la independencia? No es una cuestión que tenga una respuesta tan clara como cabría suponer teniendo en cuenta que la secesión es precisamente el gran objetivo del Ejecutivo catalán.
Incluso dentro del Govern las respuestas son contradictorias y eso ha creado las primeras tensiones entre Convergència y Esquerra. Aunque ambos partidos conviven en Junts pel Sí, la coalición que ostenta el poder, los miembros convergentes del Ejecutivo creen que hace falta otra votación para proclamar efectivamente la independencia; los republicanos, en consonancia con la «hoja de ruta» de la formación, opinan que no.
La portavoz del Govern, Neus Munté, que forma parte de la dirección de Convergència, rebajó ayer hasta en tres ocasiones la «proclamación de independencia» que estaba prevista para esta legislatura de 18 meses a una «declaración de intenciones».
Venía a insistir en manifestaciones como las del propio Puigdemont, que en una entrevista en TV3 descartó una declaración unilateral de independencia. Sin embargo, tanto el vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, como la secretaria general del partido, Marta Rovira, han recordado estos días los compromisos asumidos para la creación de Junts pel Sí.
La portavoz del Ejecutivo catalán evitó en todo momento hablar de declaración de independencia. Tanto la «hoja de ruta» electoral de Junts pel Sí (que explica que el Parlament «declarará la independencia» después de aprobar las leyes que garantizarán las nuevas «estructuras de Estado») como la propuesta de acuerdo que la coalición planteó a la CUP (que dice textualmente que en un momento de la legislatura «se procederá a la proclamación de la independencia») son mucho más claros de lo que fue Neus Munté ayer.
Una y otra vez, sin embargo, la portavoz del Govern negó que existan contradicciones con ERC. La cuestión que no aclaró es si la independencia formal se proclamará antes o después de las elecciones «constituyentes» que el programa de Gobierno prevé para dentro de 18 meses.
Munté tampoco quiso aclarar qué hará la Generalitat cuando el Ejecutivo español, como parece seguro que hará, recurra ante el Tribunal Constitucional esa declaración, ya sea de independencia o sólo de intenciones. «Desde el Estado todo han sido amenazas y recursos. No adelantaremos los escenarios previstos», afirmó. La estrategia es la misma que la que utilizó Artur Mas en varios momentos álgidos de su mandato: esconder el plan hasta el último minuto.
El Govern quiere dar la impresión, ante ERC y ante los electores más independentistas, de que no rebaja sus pretensiones. Sin embargo, la solución que empieza a atisbarse ante la falta de contundencia del apoyo social a la secesión (un 47,8% de los catalanes votaron a partidos que quieren la ruptura con España en las últimas elecciones, muy por debajo de los estándares internacionales exigidos en estos casos) es que esa declaración de independencia no sea inmediata, sino que se anuncie para un futuro. El instrumento, según fuentes del Ejecutivo, sería una especie de «declaración prorrogada», una figura parecida a la que, recuerdan, se utilizó en Eslovenia.
Probablemente, la secesión formal se aplazaría en este caso para después de esas «elecciones constituyentes», que se podrían convertir así, de facto, en una repetición de los comicios catalanes del 27 de septiembre.
PRESIÓN POR LA RENTA MÍNIMA
Contra la CUP. El plan de choque social, uno de los pilares del pacto entre Junts pel Sí y la CUP, depende de la aprobación de los presupuestos. La probabilidad de que la formación de Anna Gabriel no dé apoyo a las cuentas es alta, por lo que el Govern presiona a la CUP con medidas de marcado calado social, como la reforma de la renta mínima de inserción, prevista para dentro de unos meses. Ayer mismo, la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, advirtió de que los 70 millones reservados para esta ayuda se reducirán si no hay acuerdo para las cuentas de 2016 y se tienen que prorrogar las del año pasado. Esta es una de las exigencias que la formación anticapitalista puso sobre la mesa después de que CiU recortara la prestación en 20 millones en 2011.
EL MUNDO – 28/01/16