EL CORREO, 14/7/11
Acusa a Hidalgo, Pamiés y Ballesteros de impedir la detención de los sospechosos y permitir que ETA siguiera la extorsión
El juez Pablo Ruz ha decidido sentar en el banquillo a los imputados por el ‘caso Faisán’. El exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el todavía jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés Medina, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros Pastor se convirtieron ayer en los primeros responsables de las fuerzas de seguridad de la historia de España en estar procesados por un delito de terrorismo.
CRONOLOGÍA
El instructor cree que hay indicios suficientes para enjuiciarles por colaboración con banda armada, un ilícito castigado con entre cinco y diez años de cárcel, aunque deja abierta la puerta a que sólo respondan por un delito de revelación de secretos, castigado con hasta tres años de prisión, y otro de encubrimiento, otros tres años. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que decidir los cargos y resolver si mantiene la imputación por los delitos de terrorismo, lo que implicaría que los tres encausados serían juzgados por ese mismo tribunal.
Tras cinco años de investigación judicial, instructor Ruz decidió dar por concluida la investigación sobre el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006 apenas 24 horas después de que Antonio Camacho -inmediato superior jerárquico en la época del principal imputado, García Hidalgo- tomara posesión de la cartera de Interior en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba.
El juez destaca que los tres imputados «seguramente» no tenían intención de ayudar a la banda dados sus cargos en las fuerzas de seguridad, pero explica que no puede «obviarse» que la delación en la que participaron tuvo «eficacia» para la «propia actividad terrorista», hasta el punto de que la actuación de García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros favoreció de forma «real» al aparato de extorsión de ETA. Los tres, concluye el magistrado, «asumieron una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas» permitiendo la «continuación» de la actividad delictiva de los recaudadores de ETA «evitando su detención por parte de los funcionarios policiales»
Ruz admite que el «móvil» o la «intención» de los tres imputados para embarcarse en una acción así no ha «podido acreditarse» durante los cinco años de investigación, pero, por primera vez, insinúa que estaba relacionado con el proceso de «negociación» entablado entonces entre el Gobierno y ETA, que había declarado un alto el fuego sólo semanas antes del soplo, en marzo de 2006. En ese sentido el instructor enmarca el chivatazo en la «situación política» que se vivía entonces. En particular, recuerda que una de las conversaciones ‘pinchadas’ explicaba el soplo para neutralizar el «interés de determinada gente en que se rompiera o no prosperara» el proceso de negociación abierto entre representantes del Ejecutivo y miembros de la dirección de ETA.
Doce indicios
Ruz, en esencia, hace suya de arriba abajo la investigación del inspector Carlos Germán, el mando de la operación contra el aparato de extorsión y que dirigió también las indagaciones sobre el soplo, a pesar de las reticencias de algunos de los principales responsables del Ministerio del Interior, que acusaron al investigador de parcialidad e, incluso, pidieron su apartamiento del caso.
El juez, que basa sus imputaciones en un total de 12 indicios incriminatorios, destaca la «corrección de las conclusiones alcanzadas por la investigación policial» y da por buena la versión de Germán. Así, explica, fue Ballesteros quien, por orden de Pamiés, se desplazó el 4 de mayo de 2006 a Irún para dar el chivatazo al supuesto cabecilla de la red de extorsión, Joseba Elosua, dueño del bar Faisán. El inspector, tras no encontrar a Elosúa en su casa entró a las 11,20 horas al bar por su puerta trasera. Allí, relata el juez, pasó un teléfono móvil a Elosúa con la advertencia de que le iban a dar un «recado». Según Ruz, la llamada del soplo tuvo lugar a las 11.23 horas, duró ocho minutos y 11 segundos.
De acuerdo con el magistrado, al otro lado de la línea estaba Pamiés, quien reveló información «bajo secreto sumarial». Una serie de datos «concretos, específicos y recientes de la investigación, de conocimiento restringido, limitado a un círculo reducido de funcionarios», relata la resolución. Entre esas informaciones estaban la inminente detención del supuesto correo del entramado de extorsión, el etarra José Antonio Cau.
«Instrucciones»
Pamiés, además de dar datos para probar que era un policía, le facilitó «instrucciones sobre las cautelas que debía adoptar cuando mantuviera contactos o citas con las demás personas investigadas» para no ser detenido, amén de otras informaciones sobre «otras personas investigadas como presuntos partícipes de la red de extorsión».
En su relato de hechos, el instructor confirma que las llamadas entre Pamiés y Ballesteros empezaron la noche anterior, al poco de conocer el jefe de la Policía en Euskadi, a través de un subordinado, la jefa de la Sección de Análisis de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, la inminencia de la detención de Cau y la más que probable redada contra los extorsionadores.
En esas horas previas, apunta el juez, García Hidalgo estuvo en contacto con Pamiés. Tras el chivatazo, el jefe superior llamó en dos ocasiones al entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, que no le cogió el teléfono porque estaba en un acto oficial.
EL CORREO, 14/7/11