El lehendakari Iñigo Urkullu anunció que asistiría a la Conferencia de Presidentes de Salamanca tras asegurar la reunión de la Comisión Mixta del Concierto y la asunción por las haciendas forales de nuevos impuestos, como el IVA de las ventas a distancia, de los servicios digitales y de las transacciones financieras. Como ocurriera en 2020, el acuerdo previo a la cita de ayer incluiría la fijación bilateral del límite de déficit para el próximo ejercicio. Condicionar la participación del lehendakari en cada Conferencia de Presidentes a una cesión previa de potestades o competencias transmite una idea poco virtuosa del ejercicio de la política. Del mismo modo que jalonar los apoyos parlamentarios en Madrid con el logro de sucesivas conquistas autonómicas de mayor o menor relevancia deja en el ambiente la sensación de un mercadeo que tiende a desacreditar la política.

Es comprensible que desde otras autonomías se contemple la presencia de Urkullu en Salamanca con recelo, en tanto que ningún otro gobierno territorial -con excepción del de la Generalitat de Cataluña- querría supeditar su participación en órganos de cooperación a la consecución de tal o cual objetivo político o económico. Pero el desdoro no afecta ni única ni fundamentalmente al gobierno autonómico que demanda compensaciones a cambio de acomodar al Ejecutivo central de turno. Las fallas de institucionalidad y de ejemplaridad política que reflejan tales episodios son imputables especialmente a quienes están en situación de hacer concesiones porque manejan los bienes a disposición del Estado como si, de entrada, pertenecieran a la Administración central, y ésta pudiera mercantilizarlos a cambio de asegurar la estabilidad del Ejecutivo central de turno.

Urkullu y su partido plantean una cuestión ineludible, de entrada, para Pedro Sánchez. La eventualidad de que solo una «forma diferente de trabajar la bilateralidad» -reclamada por el lehendakari- asegure la participación activa del Gobierno vasco en los órganos multilaterales del Estado autonómico. La singularidad de nuestro autogobierno podría avalar tal exigencia. Pero en términos políticos no sería una atribución exclusiva. Cualquier comunidad autónoma podría apuntarse a esa lógica mientras la «cogobernanza», empleada como hallazgo retórico, no llegue a una nueva institucionalidad federal. De hecho, la Generalitat de ERC y Junts cree lograr ventaja supeditándolo todo a la bilateralidad. Dando por supuesto que la ausencia de Pere Aragonés ayer fortalece su posición ante la Comisión Bilateral del próximo lunes y la mesa de diálogo de septiembre. Cuando probablemente ERC no pueda ni siquiera poner en valor su voto a los Presupuestos Generales de Sánchez. Nunca se sabrá en qué medida va todo esto de ‘fueros’, y en qué medida de ‘huevos’.