En España llevamos años sin encarar en serio el asunto de las pensiones. Tanto este como los anteriores gobiernos se han dedicado a reunirse con cierta frecuencia y en alcanzar pequeños acuerdos de alcance limitado. Esta ausencia de soluciones definitivas unidas al empeoramiento de la demografía, a la falta de crecimiento del mercado laboral, al deseo de contentar a un colectivo de más de nueve millones de personas con actualizaciones ligadas al IPC y a la voluntad de no transmitir malas noticias a la población, han agravado el deterioro de sus cuentas. Lo cual ha provocado la intervención de las instituciones europeas que urgen una reforma que esté a la altura del problema. El gobierno decidió acometerla en dos partes. La primera en el tiempo fue la del agrado y la segunda, tenía que ser necesariamente la de la contención del gasto y el aumento de los ingresos. Las pensiones son una caja en la que entran las cotizaciones y de la que salen las prestaciones. Así que, si es cierto que una buena gestión puede ayudar en la solución, ésta pasa necesariamente por equilibrar ingresos y gastos.

Ahora, el ministro Escrivá quiere destopar las aportaciones, que crecerían a lo largo de 30 años, lo cual irrita a la patronal, pues los aumentos previstos de las cotizaciones encarecerán el empleo y romperán la equidad del sistema, una vez que no irán acompañadas de un aumento equiparable de las prestaciones. Eso por la vía de los ingresos. En los gastos, la principal medida consiste en aumentar los años de cálculo de las cotizaciones para fijar la pensión. Algo que desagrada a los sindicatos, conscientes de que, por más que se presente envuelto en cataplasmas, va a suponer una merma de las pensiones percibidas.

Tras casi un año sin avances, el ministro quiere acelerar el proceso, reunir a las partes y llegar a un acuerdo. La intención es buena, pero el orden debería haber sido el inverso. Venir de Bruselas con una solución bajo el brazo y amenazar a las partes con la ira de la Comisión o la posible pérdida de fondos si no aceptan lo allí pactado resulta tramposo. ¿Por qué no ha logrado el acuerdo previo de las partes afectadas y luego ha ido a Bruselas a defenderlo? No lo sé, pero me imagino que le dará fatiga. Ojalá consiga un consenso entre todos los agentes sociales. Tenemos demasiados problemas encima de la mesa y no necesitamos más motivos de enfrentamiento. Pero presentar las cosas bien es una buena manera de encarrilar un problema. Lástima que, en eso, Escrivá no sea un experto.