Ignacio Camacho-ABC
- Escrivá propone soluciones impopulares desde un Gobierno que ni siquiera está dispuesto a someterlas a debate
Si pretende que le tomemos en serio, José Luis Escrivá debe olvidar cuanto antes que no es un simple comentarista ni consultor o miembro de un panel de expertos, sino que desde hace casi veinte meses forma parte del Gobierno. Y por tanto que además de formular opiniones o dar consejos, por lo general puestos en razón, tiene la obligación de llevarlos a efecto si de veras cree en ellos. Y si no puede, o no sabe, o no le dejan, o no se siente con fuerza, más vale que se vuelva a cualquier sitio donde pueda expresar su criterio con independencia y sin tener que morderse la lengua. Porque en el Gabinete se supone que está para aplicar sus ideas y la imagen que da habitualmente es la de un hombre que suelta a bote pronto propuestas y ocurrencias en medio de un equipo que en absoluto se halla dispuesto a suscribirlas, ni mucho menos a defenderlas, y que desautoriza cada declaración suya para apagar el fuego de la polémica.
El principal problema de Escrivá consiste en que tiende a decir verdades amargas sobre un asunto, el de las pensiones, de naturaleza política muy delicada. Todo el mundo sabe que el sistema actual es insostenible y que el dinero se acaba pero ni el pueblo ni los dirigentes aceptan oír ese diagnóstico en voz alta porque su simple exposición implica plantearse la necesidad de medidas antipáticas. Por otra parte, es el propio Ministerio de Seguridad Social el que regula las prejubilaciones que su titular puede suprimir o reducir en vez de criticarlas como si fuera una atribución extraña, una cuestión ajena a la responsabilidad que tiene encomendada. Y es el mismo Ejecutivo el que ampara un régimen especial de jubilación anticipada en funcionarios de la Administración General, la de Justicia o la enseñanza. Para sugerir el alargamiento de la vida laboral convendría que el Estado diese ejemplo eliminando ciertas normas que muchos ciudadanos entienden como privilegios y que el ministro cuenta entre las competencias de su departamento. Sería un buen modo de empezar a cambiar el modelo.
También falta en la reflexión un conocimiento más exacto de la realidad del sector privado, donde hace tiempo que muchos empleados con canas sufren la expulsión prematura del mercado de trabajo, víctimas de la transición digital o de unos salarios que los gestores de recursos humanos consideran demasiado altos. Ya quisiera esta gente llegar cotizando no hasta los setenta años sino hasta la edad vigente del retiro reglamentario. En conjunto, la exhortación de Escrivá arranca de una premisa razonable pero carece de sentido pragmático y de precisión en el análisis. Y aunque es de agradecer la intención de abrir un debate necesario y de largo alcance, quedará como un mero diletante si no concentra su esfuerzo en convencer a Sánchez. Que no parece muy interesado en asumir el desgaste de pensar siquiera en decisiones impopulares.