El desajuste entre oferta y demanda debe servir de acicate a la Administración pública en su responsabilidad de ayudar a garantizar un derecho esencial. El Gobierno vasco, a través del Departamento de Vivienda, impulsa una ambiciosa planificación, consciente de la magnitud del problema –es la mayor preocupación social por unos elevados precios que estrangulan el mercado–.

El complicado acceso a la vivienda ya no es solo el drama que arrastran las rentas más bajas. Consume a dentelladas los ingresos de las clases medias hasta el punto de forzar un cambio de tendencia. El mito del alquiler como una ‘opción cultural’ o de movilidad juvenil –hasta encontrar un trabajo con el que asentar la cabeza– se ha desmoronado en Bizkaia: el 77% de los arrendatarios vive bajo este régimen por pura necesidad, atrapado en un sumidero de gastos que devora la mitad del salario medio de los hogares. Con unos precios en el mercado libre que se han elevado un 40% en la última década, el alquiler ha dejado de ser un trampolín hacia la propiedad para convertirse en una dura prueba de supervivencia que merma la capacidad de ahorro de las economías domésticas más precarias.

Mientras las dinámicas demográficas y los flujos migratorios disparan la necesidad de techos, la construcción en Euskadi sigue deprimida. Ante este escenario, no caben los conformismos por mucho escudo social que afortunadamente ofrezca el País Vasco. El esfuerzo concertado entre la iniciativa pública y la privada es fundamental para atender una demanda que puede derivar en frustración y descontento social. Planificar para crecer bien debe ser el pilar del desarrollo. La vivienda es lo más importante, pero cómo hacerlas, dónde y qué servicios deben acompañar la expansión urbanística son la base de un crecimiento próspero.