EL CORREO 17/11/13
· El obispo firma un libro en el que urge a los partidos vascos a lograr un acuerdo básico para ayudar al Ejecutivo a modificar su política penitenciaria.
Pese a ser un obispo emérito, Juan María Uriarte sigue muy activo. Y nunca orilla un nuevo esfuerzo por la paz con intervenciones a uno y otro lado de la muga. Ahora acaba de publicar un libro sobre la pacificación en el País Vasco –‘La reconciliación’–, en SalTerrae, la editorial de los jesuitas, que también ha impulsado ‘Los ojos del otro’, una obra que recoge encuentros de víctimas del terrorismo y exmiembros de ETA. El prelado condensa su doctrina habitual, actualizada a la luz de los últimos acontecimientos, salvo la derogación de la ‘doctrina Parot’, con la que siempre ha estado en desacuerdo. Y pone deberes a todos: a ETA, a sus presos, al Gobierno de Rajoy, a los partidos políticos, a los jueces, a los ayuntamientos, a los profesores, a los periodistas, a los ciudadanos y, por supuesto, a la propia Iglesia, de la que espera una contribución «más claramente activa».
Uriarte, consciente de la parálisis que sufre el proceso, urge a todos los agentes implicados a reactivarlo para que no se pudra. A ETA le exige que reconozca de manera pública el daño físico, moral, social y económico que ha provocado con sus asesinatos, extorsiones y amenazas: «Se lo debe a este pueblo y a toda la sociedad española. Se lo debe muy particularmente a las víctimas mortales que ha provocado y a sus familiares», escribe.
También le reclama, en aras de la reconciliación, un desarme real y definitivo. «Sería un gesto simbólico de mucho alcance si es verdadero y efectivo». Si el Gobierno de Rajoy no muestra voluntad de acoger ese desarme, propone que se haga ante la autoridad autonómica, los partidos y una representación de la sociedad vasca. «Un paso que debería culminarse con la disolución de ETA como grupo armado». El obispo deja claro que ETA «no tiene ninguna legitimidad para un diálogo de carácter político».
Monseñor Uriarte concede que pasar de la autoproclamación heroica al reconocimiento de que el balance global de su empeño es altamente negativo resulta para los miembros de ETA «un ejercicio difícil y costoso que genera muchas resistencias». Por eso mantiene que «ninguna instancia social o política debería hacerles más difícil este doloroso reconocimiento. Ayudarles a realizarlo cuanto antes es una contribución a la paz y la reconciliación», señala. Defiende que los presos deberían acogerse individualmente a los beneficios penitenciarios establecidos por la ley y reconocer y reparar el daño causado a sus víctimas.
El obispo se detiene también en los grupos y asociaciones que han tenido vinculación con ETA a los que adjudica una cuota de responsabilidad «en el mantenimiento de este largo calvario». Pero, a renglón seguido, reconoce el papel de algunos líderes de la izquierda abertzale –no cita ningún nombre– que en los últimos años han registrado una evolución que ha sido «decisiva» incluso para lograr el cese definitivo de la actividad violenta de ETA. El prelado valora, asimismo, que se observa en ellos una «notable emancipación de las directrices de ETA», que antes toleraba pocas disensiones. A estos líderes les reclama fomentar entre su gente «una cultura verdaderamente democrática».
Su mirada crítica se fija luego en los partidos políticos, a los que también pega un revolcón. Constata que lograron gestar un acuerdo «más o menos neto» a la hora de reprobar el terrorismo de ETA, pero «se abría una brecha sobre la legitimidad o ilegitimidad del soberanismo vasco y sobre la política antiterrorista que habría de llevarse a cabo». En este punto, Uriarte asegura que la defensa de los derechos humanos gravemente violados «no era, por lo general, el primer objetivo de sus opciones políticas». El obispo urge a alcanzar un acuerdo básico «sobre las reglas del juego ético-democráticas, que podría ayudar al Gobierno de Madrid a modificar en algunos puntos su política penitenciaria».
Concesión de indultos
Las autoridades del Estado, a juicio de monseñor Uriarte, también tienen un papel «decisivo». Estamos en un tiempo nuevo. Desde esa premisa, el prelado sostiene que a los cuerpos legislativos les correspondería «revisar y actualizar el ordenamiento vigente relativo a todas las víctimas, a la memoria histórica, a la lucha antiterrorista a fin de detectar posibles omisiones y lagunas en su formulación y aplicación y arbitrar modificaciones». El criterio de que la justicia se aplicará según la realidad del tiempo en que ha de ser aplicada es válido para los jueces. En este terreno, descartada la amnistía, apela al Poder Ejecutivo a la concesión de indultos.
Sobre la política antiterrorista del Gobierno, Uriarte considera que a muchos ciudadanos les parecen «excesivamente restrictivas» las medidas de Rajoy. «Incluso aquellos presos que en su día se desmarcaron de ETA y reconocieron públicamente el daño injusto infligido a tantas víctimas continúan en una situación penitenciaria rigurosa», reprocha en clara alusión a los internos que se han acogido a la denominada ‘vía Nanclares’.
El ex obispo de San Sebastián anima al Ejecutivo del PP a moverse y a realizar alguna forma de contacto, aunque fuera indirecto, con ETA, que «no implicaría ninguna indignidad ni debilidad con tal que el Gobierno sepa ‘estar en su sitio’ y exija de ETA que ‘esté en el suyo’ y no en una situación simétrica de ‘poder a poder’ ni de pretendida legitimidad». También le pide que dé la cara por la violencia de respuesta «que ha traspasado el límite de los derechos humanos inviolables que ha sido notable y en ocasiones visiblemente inhumana». Una vez lograda la plena pacificación con la disolución de ETA, «será ejemplar que el Gobierno, de la manera y en el contexto que le parezcan oportunos, reconozca estos graves abusos», concluye.
EL CORREO 17/11/13