Casimiro García-Abadillo, EL MUNDO 17/12/12
Todo hacía pensar que el viernes por la noche Artur Mas y Oriol Junqueras sellarían el acuerdo para establecer un gobierno de coalición en Cataluña durante los próximos cuatro años.
Los 18 cocineros del pacto, capitaneados por los secretarios generales de las tres formaciones -Oriol Pujol (CDC), Josep María Pelegrí (UDC) y Marta Rovira (ERC)- habían preparado los cuatro documentos que debían servir de base para un gobierno de transición hacia la independencia.
Sin embargo, las expectativas se frustraron. Es verdad que ERC ha garantizado el apoyo de sus 21 escaños a la investidura de Mas, pero ese gesto ya se lo había prometido Junqueras al president en su primera entrevista tras las elecciones del 25-N. CiU y ERC se han dado de plazo hasta el 4 de enero (fecha tope para la votación de investidura) para allanar el camino y con objeto de que en ese momento ya exista un programa de gobierno que permita a los republicanos gobernar con los convergentes.
¿Cuáles han sido las claves de ese fracaso -momentáneo, bien es cierto- de los planes de Mas para iniciar a partir de la próxima semana su camino a la independencia de la mano de ERC?
Digamos que son dos los factores que han contribuido a aguar la fiesta independentista. El primero de ellos es la posición reticente del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Es evidente que a los democristianos les asusta pactar con unos republicanos subidos a la parra y dispuestos a comerse a trozos el espacio electoral que ahora ocupan los nacionalistas.
El Gobierno, tras valorar las dramáticas consecuencias del pacto y considerarlo como «un asunto de Estado», ha mantenido intensos pero discretos contactos con diversos dirigentes de la coalición. Evidentemente, el interlocutor preferente ha sido Duran, con el que no sólo se ha dialogado desde La Moncloa, sino también desde el PP catalán, cuya líder, Alicia Sánchez-Camacho, ha desplegado una febril actividad encaminada a hacer todo lo posible para que no fructifique el gobierno bipartito independentista.
El Gobierno también ha dialogado con el diputado Josep Sánchez Llibre y con el portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana.
Además de los contactos con Duran y personas de su entorno, el Gobierno ha fortalecido la vía del diálogo institucional con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, así como con el titular de Economía catalán, Mas Colell, y con el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
En estos momentos puede decirse que no sólo dentro de Unió, sino en algunos círculos de Convergència existen grandes reticencias a «echarse en brazos de ERC».
Aunque la excusa oficial para explicar el fracaso de la negociación del viernes ha sido que Mas no quiere la imposición de una fecha fija para el referéndum, hay otras razones de mucho mayor peso.
Una fuente cercana a la negociación explica: «Se ha cometido una equivocación al negociar con ERC sobre la base de los documentos de ERC, porque todo lo más que podremos hacer es limarlos: lo que han puesto encima de la mesa es una especie de programa de máximos».
En efecto, de llevarse a cabo el pacto de gobierno CiU-ERC utilizando como programa los 56 puntos que incluyen los documentos acordados, Cataluña no sólo estaría rompiendo de forma unilateral con España de facto, sino que estaría poniendo en práctica medidas más propias de un partido radical de izquierdas que de un grupo que se autodenomina conservador y moderado.
Un pequeño resumen de esas medidas ayuda a conocer por dónde irían los tiros en Cataluña de llegarse a ese pacto: administración tributaria propia en 2013; creación de un Banco de Cataluña (justo cuando se acaba de aprobar la creación de un supervisor único europeo); seguridad social propia (ruptura de la caja única y asunción de las competencias de pensiones y pago del desempleo por la Generalitat); administración propia de Justicia (incluyendo Fiscalía, registradores y notarios); ley de policía para que los Mossos asuman todas las competencias en seguridad; competencias plenas sobre puertos, aeropuertos y ferrocarriles; ley de consultas que permita convocar el referéndum de autodeterminación al margen de la Constitución; recuperación del impuesto de sucesiones; creación de un nuevo tipo sobre grandes fortunas en el impuesto de Patrimonio; nuevos impuestos a centros comerciales; nuevo impuesto a centrales nucleares; implantación de la euroviñeta; impuesto sobre las viviendas vacías; nuevos impuestos sobre seguridad ambiental; tasas a la banca que ejecute desahucios… y hasta un nuevo impuesto para las bebidas refrescantes con azúcar. Ni Coca-Cola se libra de la revolución impositiva que pretende la Generalitat.
«Lo que los catalanes tienen que entender», asegura una fuente del Gobierno, «es que las medidas que se quieren poner en marcha añadirán más crisis a la crisis que está sufriendo ya Cataluña».
Grandes empresarios y banqueros catalanes han hecho llegar a Artur Mas su «alarma» ante el desaguisado económico que supondría lanzar una batería de impuestos que no sólo ahuyentaría las inversiones de Cataluña, sino que afectaría de forma ostensible a las clases medias, que se supone son la base electoral de CiU.
El Gobierno, los sectores económicos más influyentes de Cataluña, los dirigentes de más peso de Unió y algún que otro de Convergència apuestan por la ruptura de un pacto que llevaría al desastre económico y a la confrontación radical con el Gobierno de España.
«Si el pacto CiU-ERC se firma sobre los 56 puntos que se conocen, la sociedad catalana se dividirá en dos bloques», argumenta una fuente cercana a la negociación.
Mas quiere darse prisa en firmar con ERC, al coste que sea. Y no sólo para no defraudar a sus electores, sino porque las investigaciones judiciales que apuntan a los principales dirigentes de CiU podrían acarrear novedades que, por sí mismas, podrían dinamitar el pacto.
Casimiro García-Abadillo, EL MUNDO 17/12/12