EL MUNDO – 08/10/16
· Varias mociones instan a la rebeldía a instituciones y organizaciones sociales e incluyen llamamientos a apoyar a los «perseguidos» por la Justicia española.
· La mayoría independentista formada por Junts Pel Sí y la CUP en el Parlament aprobó el jueves tres proposiciones para institucionalizar la desobediencia al Estado que conlleva el proceso constituyente de la futura República catalana.
El plan promovido por estas formaciones de la Cámara catalana, con la abstención o el voto a favor en algunos puntos de Catalunya Sí Que Es Pot, pasa por incluir a la sociedad civil y a instituciones como ayuntamientos en el debate de este proceso constituyente, animándoles a desobedecer los dictámenes del Tribunal Constitucional que suspenden las resoluciones relacionadas con las leyes de la desconexión.
El Parlament dio luz verde el jueves a realizar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña «como muy tarde» en septiembre de 2017 y con «una pregunta clara y de respuesta binaria». Las mociones aprobadas con los votos de los soberanistas y de Catalunya Sí Que Es Pot dentro del debate de política general también incluían un texto para que el Parlament responda a «la judicialización del derecho a decidir» por parte del Estado que, según los independentistas, cristaliza en «los requerimientos de la Justicia española a cargos electos por diversas expresiones políticas relacionadas con el derecho a la autodeterminación de los catalanes».
De esta forma, la Cámara catalana quiere cubrir a representantes ciudadanos que sean procesados o investigados «por haber exhibido la estelada o por otras votaciones producidas democráticamente».
El desafío independentista no se va a quedar así en declaraciones institucionales y movilizaciones en la calle frente a la actuación de los jueces ante posibles inhabilitaciones. Los partidos soberanistas de Junts Pel Sí y la CUP han organizado toda una estructura para implicar en esta desobediencia a corporaciones como ayuntamientos y a la sociedad civil. Y lo han hecho dándole la cobertura institucional que permiten las proposiciones aprobadas en el Parlament el jueves, que se unieron a la que insta a convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña «como muy tarde» en septiembre de 2017 «con una pregunta clara y de respuesta binaria».
En otras mociones que obtuvieron luz verde gracias a la mayoría soberanista de Junts Pel Sí y la CUP –incluso en algunos puntos contaron con votos a favor o abstenciones de Catalunya Sí Que Es Pot, la coalición que integra a Podemos–, el Parlament se comprometió a pedir al Govern que en los presupuestos incorpore una partida para empezar con el proceso constituyente hacia la independencia «de base social, transversal, plural, democrático y abierto».
Los soberanistas quieren que este camino empiece con debates a principios del próximo año y con un consejo asesor con expertos del proceso constituyente para aconsejar sobre políticas públicas que debe liderar la sociedad civil. Su misión, que no queda especificada en la moción aprobada, podría pasar por controlar la actuación del Govern, aunque su intención es implicar a agentes sociales, como sindicatos, entidades y patronales, para allanar el camino soberanista antes de la celebración del referéndum.
No será el único organismo creado deliberadamente por las fuerzas independentistas con estas mociones, sino que también habrá una comisión de seguimiento del proceso constituyente que «velará por la definición y el despliegue del programa, el calendario y los presupuestos» y que podría incorporar a miembros de los dos partidos y del Govern.
Además, el Parlament deberá animar a los ayuntamientos «a impulsar los debates constituyentes desde el ámbito local» para promover la participación de la sociedad civil utilizando recursos municipales, como espacios públicos. La resolución garantiza que la discusión sobre la independencia alcance todos los rincones de Cataluña.
Para aprobar estas mociones del Parlament, la mayoría independentista formada por Junts Pel Sí y la CUP modificó la hoja de ruta soberanista que acordaron el 9 de noviembre del año pasado y que daba un plazo de 18 meses para la proclamación de la República catalana. Ahora, el nuevo calendario pasa por el referéndum vinculante del próximo septiembre y, «en el caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables», el Govern está obligado a convocar unas elecciones constituyentes en los seis meses siguientes, por lo que una Cataluña independiente no vería la luz, como muy pronto, hasta marzo de 2018. Se cumplirían así nueve meses desde la primera fecha acordada por las formaciones soberanistas poco después de conseguir la mayoría en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015.
Junts Pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot se aliaron para votar a favor –el resto de partidos lo hizo en contra– de una moción de «respuesta dentro del debate de política general». También incluían un texto para que el Parlament responda a «la judicialización del derecho a decidir» por parte del Estado. En concreto, las formaciones lamentaban «los requerimientos de la justicia española a cargos electos por diversas expresiones políticas relacionadas con el derecho a la autodeterminación de los catalanes» que se han conocido en los últimos meses y comprometían al Parlament a defender «todos los cargos electos que estén amenazados por las instituciones jurídicas y policiales del Estado, por el hecho de haberse expresado o haber permitido la expresión de cualquier opción democrática». De esta forma, los independentistas pretenden cubrirse las espaldas ante el procesamiento o investigación de representantes de los ciudadanos «por haber exhibido la estelada o por otras votaciones producidas democráticamente en el pleno municipal», incluso en el «proceso participativo del 9-N».
Por eso incluyen explícitamente al ex presidente Artur Mas; a los miembros de su Gobierno Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau «por las causas judiciales abiertas a raíz del proceso participativo»; «a la presidenta y a la Mesa del Parlament en el ejercicio de sus funciones», y a cargos municipales, como la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), el concejal de Vic, Joan Coma (CUP), y ayuntamientos «perseguidos por aprobar mociones de apoyo al proceso político catalán».
Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer citar como investigado a Joan Coma por un delito de incitación a la sedición cuando hizo un llamamiento a desobedecer las resoluciones del Constitucional durante un debate en el Ayuntamiento de Vic para aprobar una moción de apoyo a la declaración independentista del Parlament.
Según las resoluciones aprobadas, las fuerzas soberanistas acelerarán la terceraley de desconexión sobre la ponencia de transitoriedad jurídica, que debe estar acabada antes de finales de año y debe contener la sucesión de ordenamientos legales, la nacionalidad, los derechos fundamentales, el sistema institucional, la potestad financiera y el poder judicial durante «el periodo de transición existente entre la proclamación de la República catalana y la aprobación de la Constitución». El Parlament también insta al Govern a crear «espacios de debate y propaganda electoral que garanticen la presencia de los argumentos y prioridades de los partidarios del sí y del no a la independencia en igualdad de condiciones». Las formaciones independentistas quieren que la Generalitat convoque una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables a la autodeterminación.
EL MUNDO – 08/10/16