EL CORREO 22/02/13
· Gatzagaetxebarria y Bilbao dicen que llevar esa competencia a la Cámara vasca obligaría a cambiar la Constitución, el Estatuto y el Concierto, y el PSE les acusa de «tergiversar la realidad».
El PNV azuzó ayer la polémica sobre un hipotético traspaso de las competencias sobre la política fiscal, ahora en manos de las tres Juntas Generales, al Parlamento vasco. La medida cuenta con la frontal oposición de los jeltzales, pero es vista con buenos ojos por el PSE hasta el punto de que Patxi López hizo de esta propuesta una de sus principales reivindicaciones durante su mandato como lehendakari. Ayer, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, advirtieron de que, para llevar a cabo ese traspaso competencial habría que modificar la Constitución, el Estatuto de Gernika y la Ley del Concierto, además de la Ley de Territorios Históricos. Y, ya puestos, todo ese proceso obligaría a modificar el «equilibrio de poderes» que en la actualidad mantienen los tres territorios históricos.
Bilbao fue, incluso, más allá al cuantificar en cifras qué supondría ese cambio. Según aseguró en un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía en la capital vizcaína, alterar el actual sistema fiscal y, por consiguiente, el «modelo institucional» debería sustituir el actual reparto de escaños en el Parlamento vasco. Desde la instauración de la democracia, Bizkaia, Gipuzkoa y Álava disponen de 25 representantes en el Legislativo. Sin atender al diferente número de habitantes. El diputado general vizcaíno se mostró convencido de que, en ese hipotético nuevo escenario, Bizkaia tendría que pasar a disfrutar de «40 parlamentarios, Gipuzkoa 24 y Álava 11». «Un cambio recentralizador en el seno de la CAV debería, entre otros, traer como consecuencia que la representación de los territorios en el Parlamento vasco fuera proporcional a la población de cada uno de ellos», subrayó Bilbao
El cambio supondría un tremendo golpe para los alaveses que verían
perdidos catorce escaños, que pasarían a manos de los vizcaínos. O lo que es lo mismo, Bizkaia –verdadero granero de votos del PNV– estaría en una magnífica posición para dar prioridad a los proyectos que más interesaran a sus ciudadanos.
Las palabras de Bilbao pueden, además, abrir un nuevo frente al Gobierno de Iñigo Urkullu, que en las últimas semanas ha visto cómo Gipuzkoa se declaraba «agraviada» por la cancelación de proyectos como el puerto exterior de Pasaia, el metro de San Sebastián o la ralentización de las obras del TAV. Tras la crisis guipuzcoana, que ha dividido al PNV en ese territorio, las instituciones alavesas a buen seguro que no aceptarán una reducción de su ‘peso’ en el Parlamento.
El diputado vizcaíno –que calificó a Gipuzkoa como «este territorio rojo del este» en alusión al gobierno de EH Bildu–, justificó esta tesis en que los territorios forales «ya existían con anterioridad» a que la Constitución diera vía libre a la creación de las comunidades autónomas. Y recordó que existe «suficiente jurisprudencia» de la comisión arbitral y del Tribunal Constitucional que hacen imposible que el Parlamento vasco apruebe «el IRPF o el Impuesto de Sociedades». Una competencia que sólo pueden ejercer las Juntas Generales. De ahí que, si se quiere alterar ese procedimiento y transferir esa facultad al Legislativo de Vitoria haya que emprender un ardua proceso de reforma legal. Según enfatizó Bilbao, la modificación afectaría, primero, a la Ley de Territorios Históricos y, en su opinión, también a la Constitución, el Estatuto y el Concierto Económico, los pilares sobre los que se asienta el autogobierno.
El representante jeltzale, que cumple su último mandato al frente de la Diputación, advirtió que quizá el mejor momento para afrontar esa transformación del cuerpo legal vasco sea la puesta en marcha del «nuevo estatus político» para Euskadi que el lehendakari Iñigo Urkullu propugna para fijar un «nuevo marco de relaciones con el Estado» y que, según los planes del PNV, debería impulsarse en 2015 tras negociarse con los partidos vascos y, luego, con el Gobierno central. Las palabras de Bilbao se vieron reforzadas por el consejero de Hacienda y Finanzas horas más tarde. Ricardo Gatzagaetxebarria, entrevistado por Efe, subrayó que, si se abre el debate sobre el modelo fiscal debe ser para acometer una «reforma estructural y profunda» del sistema. Incluida, recalcó, la representación de cada territorio en el Parlamento, «el derecho a decidir», «las relaciones bilaterales» con el Estado o las «garantías» del autogobierno ante el Tribunal Constitucional».
La propuesta del diputado general vizcaíno y del consejero recibió la respuesta del PSE, que centró sus críticas en José Luis Bilbao. La Ejecutiva de los socialistas acusó al dirigente jeltzale de «tergiversar la realidad» y negó que el traspaso al Parlamento de la normativa fiscal requiera tocar siquiera otras leyes. «Para traer la fiscalidad al Parlamento lo único que hay que hacer es cumplir las normas vigentes», reprendió el PSE, que citó diferentes artículos de Estatuto, Ley del Concierto, LTH y Ley de Armonización, coordinación y colaboración fiscal de 1989.
EL CORREO 22/02/13