EL MUNDO – 13/01/16
· Propone mejorar la autonomía de forma «legal», asumiendo todas las competencias públicas.
El modelo no es la independencia. Tampoco el Estado libre asociado de Ibarretxe. Por ahora el PNV prefiere no bautizarlo y deja abiertos los límites de su propuesta para un nuevo estatus de relación jurídico-política de Euskadi con España. Parte de la premisa de que deberá respetar la legalidad vigente y de que incluso sería viable sin necesidad de modificar el actual marco constitucional. Recuerda que la percha legal serían «los derechos históricos». El documento, que la formación de Andoni Ortuzar presentó ayer para ser debatido en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Vitoria, contempla que la actualización del actual Estatuto vasco incorpore el reconocimiento de Euskadi como nación, así como su derecho a decidir, pero se plantea como un salto más en el nivel de autogobierno, alejado de un modelo de independencia.
La propuesta plantea fijar una relación «bilateral» con España soportada sobre un «concierto político», equivalente al empleado en el Concierto Económico y que impediría «subordinar» Euskadi a España. De este modo se eliminaría lo que el PNV considera «absoluta subordinación actual».
La actualización del Estatuto pasaría, entre otros aspectos, por la actualización del catálogo y modelo competencial. La propuesta contempla que el País Vasco renueve su «patrimonio competencial». El nuevo estatus debería hacer titular «exclusivo» a Euskadi de todas las competencias de carácter público, de manera que no dependa en última instancia de una legislación básica del Estado. Esta fórmula le permitiría tener potestad legislativa sobre ellas y competencia exclusiva sobre su gestión y prestación.
El proyecto de bases presentado también fija que la actualización del marco político y jurídico que pudiera ver la luz en el Parlamento vasco pueda ser sometido a consulta de la ciudadanía vasca. El PNV apunta en el documento que «sería conveniente» que el proyecto de reforma estatutaria «pudiera ser sometido, antes de su tramitación ante las Cortes Generales, a una consulta habilitante por parte de la ciudadanía». De este modo, la ruta que se propone se dividiría en tres fases. La primera de ellas sería la aprobación por mayoría absoluta del proyecto de reforma en el Parlamento vasco. Posteriormente, la comunidad debería negociar con el Estado la posibilidad de someterlo a una consulta inicial, no vinculante, a la sociedad vasca. En una tercera fase, se tramitaría en las Cortes Generales para finalmente someterlo a referéndum para su ratificación.
Por su parte, la propuesta que presentó EH Bildu aboga por iniciar un camino «unilateral» para crear un Estado vasco basado en la «soberanía plena».
Las bases que propone el PSE introducen, por su parte, novedades como el término «nación» para referirse a Euskadi, pero dejan claro que con ello no abogan por una «soberanía diferenciada» ni incluyen el derecho a constituirse como Estado.
Por último, el PP vasco no se opone a una reforma de la Constitución española y del Estatuto, aunque cree que este último sigue siendo válido y lo que deben cambiar son normas como la Ley de Territorios Históricos, la Municipal o la de Aportaciones, con el fin de dar más peso político a las diputaciones y los ayuntamientos.