ABC 05/02/16
· El Gobierno vasco ya había dado su visto bueno a su debate en el Parlamento de Vitoria
· «Derecho a decidir» «No se le pueden cerrar las puertas al debate sobre la realización de consultas populares», proclamó Joseba Egibar
· Copia de Cataluña «Es muy semejante a otras normas que han atravesado un control de constitucionalidad», admitió el portavoz autonómico, Josu Erkoreka, en diciembre
El PNV, aliado potencial del PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se alió ayer con Bildu en el Parlamento vasco y contribuyó con sus votos a que se tome en consideración e inicie tramitación parlamentaria la ley de consultas que propugna la coalición de la «izquierda abertzale». El resto de grupos –PP, PSE y UPyD– no sólo votaron en contra, sino que censuraron la actitud de los peneuvistas.
Los nacionalistas vascos –que mañana se reúnen en Madrid con el PSOE, dentro de la ronda de contactos de Sánchez– justificaron su apoyo, por boca de su portavoz, Joseba Egibar, en su intención de decir «sí al debate» en torno a la celebración de consultas y el llamado «derecho a decidir».
A partir de ahí, Egibar se esmeró en su intervención en marcar distancias con el texto propuesto por Bildu. «Es muy enrevesada y reglamentarista, no es de nuestro gusto, no estamos de acuerdo con la reglamentación que se propone», indicó sobre la proposición de ley planteada por los secesionistas.
Bajo el rimbombante nombre de «proyecto ley de empoderamiento de la ciudadanía», en gran medida, como denunciaron otros grupos, la propuesta de Bildu viene a ser un calco de ley ilegal de consultas catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional.
Lo reconoció el propio Egibar, quien aseguró que «Cataluña puede ser una fuente y Andalucía otra», pero que el PNV prefiere las leyes «de casa». «Fuentes», precisó, como la norma de la Diputación de Guipúzcoa sobre participación ciudadana del año 2000, así como otras normativas sobre participación y transparencia aprobadas por el propio Gobierno vasco.
«Dentro de la ley»
En cualquier caso, Egibar dijo que el PNV es partidario de «abrir el debate» en torno a la realización de consultas. Que, «dentro de la ley», su grupo impulsará iniciativas, tanto en el Parlamento de Vitoria como en el Congreso de los Diputados, que permitan «decidir su futuro» al «pueblo» vasco. «No se le pueden cerrar las puertas al debate», insistió.
La posición del PNV, en cualquier caso, no constituyó ninguna sorpresa. El pasado mes de diciembre el Ejecutivo autonómico encabezado por Íñigo Urkullu ya dio su visto bueno a que la propuesta de Bildu fuera objeto de debate parlamentario. Un «plácet» revestido del boato de tratarse de un acuerdo adoptado durante el Consejo de Gobierno vasco, plasmado en un documento de tres puntos.
El primero rezaba: «El Gobierno no se opone al desarrollo de un debate, en sede parlamentaria, sobre una posible regulación autonómica de las técnicas de democracia directa y de democracia participativa, que contribuya a mejorar el ejercicio del derecho de la ciudadanía vasca a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes libremente elegidos».
Lo llamativo es que, cuando en octubre Bildu presentó su proyecto, el Gobierno vasco se apresuró a censurar a la «izquierda abertzale» por operar fuera de la ponencia de autogobierno que alberga el Parlamento autonómico.
Se antoja poco probable que la ley pueda quedar aprobada en la presente legislatura, que concluye en otoño. Y, como denunciaron los no nacionalistas, resulta evidente su «ilegalidad». Lo admitía en diciembre el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, con la mente puesta en Cataluña: «La norma es muy semejante a otras que han atravesado ya procedimientos de control de constitucionalidad».