El PSOE bulle tratando de poner orden en las derivadas y las consecuencias de la decisión adoptada en su Comité Federal. Abstenerse para permitir la investidura de Mariano Rajoy este mismo fin de semana implicará consumar el desgarro en las filas de vanguardia, las que se sientan en el Congreso de los Diputados y representan en primera línea a sus 5,4 millones de votantes.
La nueva dirección socialista calcula que serán 15 los diputados que romperán la disciplina de voto y estudia ya las medidas a adoptar para sancionar una rebelión que califican de «muy grave» por cuanto supone «posicionarse en contra del PSOE con los mismos argumentos que esgrime Podemos».
Sin embargo el castigo no se perfila único. En medios muy próximos a la Gestora se considera que la situación de los siete diputados pertenecientes al PSC no es la misma que la de los, previsiblemente, ocho restantes que rechazarán abstenerse en la segunda votación de investidura a la que se someta Rajoy.
Este segundo grupo de díscolos, de acuerdo con las cuentas que hacen en Ferraz, estaría formado por Susana Sumelzo, Odón Elorza, Margarita Robles, Pere Joan Pons, Sofía Hernanz, Pilar Cancela, Rocío de Frutos y el propio Pedro Sánchez.
Respecto a los siete diputados catalanes, en el PSOE se estudia ya la revisión del protocolo de relaciones que liga desde hace años a ambos partidos y cuyos «desequilibrios» se hacen ahora más patentes que nunca.
«Existe un hartazgo muy generalizado respecto al PSC. Nos llevan al límite siempre con sus planteamientos y eso, al final, no sólo no les fortalece a ellos en votos, sino que además nos debilita en otras partes de España», explican en el entorno de la Gestora. Las fuentes consultadas no tienen duda de que, pese a tratarse de un partido distinto, puesto que participan en los órganos de dirección del PSOE, «lo correcto es asumir y acatar las decisiones de dichos órganos».
Si esto no sucede, como se confirmará en la investidura, «la solución pasa por anular el actual protocolo de relaciones y redactar otro» en el que no se les contemple como una federación más a efectos de representatividad en los órganos del PSOE. Hasta ahora han jugado «a conveniencia» con este privilegio y con el hecho de ser, al mismo tiempo, un partido distinto en cuyos órganos directivos no tiene cabida el PSOE.
La decisión de revisar el protocolo podría ser tomada por el Comité Federal en cualquier momento. Se trata de una negociación que no requiere modificación de Estatutos pero para la que, dada su trascendencia, lo lógico sería que la nueva Ejecutiva surgida del futuro Congreso nombrara una comisión que la llevara a cabo. A la postre lo que se perseguiría sería romper los vínculos orgánicos, que ahora sólo son unidireccionales, y mantener los políticos. No podrían en consecuencia votar en el Comité Federal o en los Congresos para elegir una Ejecutiva, de la misma forma que el PSOE nacional no tiene voto en su Consejo Nacional ni participa en sus Congresos.
Todavía no hay una decisión definitiva respecto a la forma que adoptará el divorcio pero son muchos los que lo piden ya, argumentando que el protocolo «no es equitativo» y se impone un nuevo marco de relación acorde a la realidad de los últimos tiempos en la que resulta determinante la apuesta del PSC por el llamado derecho a decidir.
La situación que se plantea respecto a los restantes ocho diputados que ya anuncian la ruptura de la disciplina de voto es distinta. Para esos, en los círculos que ahora manejan el partido, se pide un castigo mucho más duro que la simple sanción económica. Las fuentes consultadas apuestan abiertamente por la expulsión del Grupo parlamentario.
Se les reprocha adoptar una posición política radicalmente contraria al PSOE y basada en los mismos argumentos que esgrime Podemos. En esas circunstancias, explican, «será imposible que trabajen con nosotros; sólo podrían hacer dos cosas, o abandonar el grupo y sumarse al Mixto o entregar el acta de diputado».
Anoche, se especulaba en las filas socialistas con que esta última opción podría ser la escogida finalmente por Pedro Sánchez, al que pocos imaginan votando en contra del partido del que ha sido secretario general y acompañado sólo por una docena de diputados. «Un órdago así», afirmaban desde la Gestora, «sólo se lanza si te sigue más de la mitad del grupo».
Las mismas fuentes respondían a la carta remitida al presidente de la Gestora, Javier Fernández, por ocho líderes territoriales pidiendo una abstención técnica, señalando que todos ellos apuestan por la fórmula de sólo 11 abstenciones con la esperanza de que nadie de su federación esté incluido en las mismas. Se trata, decían, de «una fórmula cobarde para eludir responsabilidades, para nadar y guardar la ropa».