EDITORIAL EL MUNDO – 29/10/15
· Un año y tres meses después de ser elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez desgranó ayer la reforma constitucional con la que pretende plasmar el modelo federal que arguye como solución para el desafío soberanista en Cataluña. La presentación coincidió con la reunión que el líder socialista mantuvo también ayer con el presidente del Gobierno y en la que, tras acordar trabajar juntos «en defensa de la unidad nacional», los dos dirigentes posaron en La Moncloa. Un encuentro necesario ante el embate secesionista lanzado por la Generalitat.
Sánchez ha convertido el federalismo en una de sus banderas políticas, pero el documento aprobado por el PSOE despeja pocas incógnitas al respecto. Los socialistas no reconocen a Cataluña como nación –una petición frustrada del PSC–, y se limitan a recoger «las singularidades de distintas nacionalidades y regiones», incluida la foralidad y los derechos históricos, es decir, lo que ya ampara la Constitución. Cargada de ambigüedad, la propuesta presentada por Sánchez difiere poco de la Declaración de Granada que a duras penas sacó adelante Rubalcaba con los barones socialistas en julio de 2013.
Sin hacer referencia a la posibilidad de articular un pacto fiscal con Cataluña, el PSOE defiende ahora «un esfuerzo fiscal similar» en todos los territorios, además de «clarificar» la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, no concreta cómo hacerlo, que es donde reside el meollo de las tensiones territoriales desde la Transición. Sánchez insiste en convertir el Senado en una «Cámara territorial», pero no matiza si redefiniendo sus funciones o eliminando la elección provincial de los senadores. Y, además, sugiere cambiar el sistema de financiación autonómica en base a criterios de «certeza, estabilidad y equilibrio», literalmente los mismos principios incluidos en la Declaración de Granada.
Los socialistas persiguen con esta propuesta fijar una posición propia entre dos proyectos antagónicos: el que pretende recentralizar España y el que ansía su desmembración. El PSOE considera la descentralización política, consagrada en el Título VIII, como una pieza clave de la arquitectura democrática que ha edificado España desde 1978. También admite que la Carta Magna dejó abiertos e imprecisos huecos legales en el modelo autonómico, como la propia determinación de las comunidades autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado o los mecanismos de cooperación.
En cambio, la reforma presentada ayer no llena estos vacíos, sino que perpetúa un lenguaje difuso que no despeja el discurso socialista en un asunto fundamental como es la organización territorial del Estado. Sánchez sostiene que el federalismo «defiende la unidad del Estado respetando la diversidad», pero no aclara –ni nosotros vemos– las diferencias y ventajas de su modelo federal frente al mapa autonómico actual.
En materia económica, la reforma constitucional auspiciada por Sánchez aspira a blindar los derechos sociales frente a las políticas de control del gasto. Para ello, propone reformar el artículo 135 –que introdujo Zapatero con el apoyo de Rajoy– para «incorporar las condiciones de salvaguarda de la estabilidad social del Estado» y reconocer el derecho a un ingreso mínimo vital. La primera medida revela las contradicciones socialistas con relación a la lucha contra el déficit público –clave de bóveda presupuestaria– y la segunda puede ser tachada de inviable.
Porque, deseos arcangélicos aparte, lo cierto es que exigiría una inversión muy superior a los 6.450 millones en que la ha tasado el Partido Socialista. Sánchez reconoce la necesidad de «dotar de contenido» al derecho a la vivienda. Precisamente, tal necesidad, que se arrastra desde 1978, debería disuadir al líder socialista de repetir el mismo error con la exigencia de una renta mínima por ley, que hoy por hoy es un brindis al sol.
EDITORIAL EL MUNDO – 29/10/15