Cuando la inmensa mayoría de los indocumentados ya emprendía la vuelta a Marruecos, el Gobierno italiano exigió la suspensión de Schengen para los desplazamientos procedentes de España. Llamaba la atención que el Ejecutivo de Giorgia Meloni parecía ignorar la imposibilidad de que los migrantes pudieran sortear el doble control de la ciudad autónoma para acceder a territorio peninsular y terminar en suelo italiano. Pero Bruselas aceptó los controles entre dos Estados sin frontera común durante un mes a partir del pasado día 1. A la petición del Gobierno de Madrid para reconsiderar la restricción, la primera ministra respondió airada que mantendrá la vigilancia al menos hasta el próximo viernes 15, «cuando se prevé una nueva oleada migratoria en Ceuta» , dando crédito a una supuesta amenaza que parte de movimientos en redes sociales que monitorizan las fuerzas de seguridad. Al error de Meloni al desatar una grave crisis diplomática se suma ahora Pedro Sánchez con controles para vuelos y cruceros procedentes de Italia. En pleno verano, son millones de viajeros, en ambas direcciones, los grandes perjudicados por las esperas.

El alcance del choque no se entiende sin tener en cuenta que Sánchez y Meloni representan proyectos antagónicos sobre cómo debe afrontar la UE la inmigración irregular. Los dos, además, afrontan elecciones en 2027 y buscan rédito político en el río revuelto. La ‘premier’ ultraderechista, amenazada por un competidor aún más extremista, quiere desgastar al presidente icono de la izquierda italiana. Y el dirigente socialista huye hacia adelante con la crisis humanitaria todavía abierta en Ceuta. La Comisión Europea, que tiene entre sus funciones prevenir y mediar en las disputas, deja que crezca la brecha.