Hubo un tiempo en este país en el que celebrábamos la quiebra efectiva del Estado democrático de Derecho. No es ya que la familias de los secuestrados reunieran como podían el dinero que ETA les exigía por la vida de sus seres queridos (cosa lógica por parte de las familias), sino que los periódicos informaban detalladamente de lo que habían pagado y de lo que les faltaba por pagar. Los representantes institucionales no es que miraran a otro lado, sino que valoraban como un triunfo de la democracia el pago de tales rescates. Y eso, en el mejor de los casos; en el caso de que algunos de esos representantes no defendieran en las instituciones, como una opción legítima, el derecho de ETA a secuestrar. Hubo un tiempo, sí, en el que estaba mal visto recordar que ese dinero pagado a la banda serviría para garantizar más atentados, asesinatos y secuestros.

Esa situación delirante, que duró dos décadas de la España constitucional, encontró su final un 12 de julio de hace 25 años.

A menudo, cuando se habla de aquellas jornadas históricas de Ermua, se hace hincapié en lo anecdótico, en el famoso relato, sin reparar en lo sustancial. Lo sustancial es que por primera vez se hizo efectivo el Estado democrático de Derecho ante el chantaje terrorista. El Gobierno de la nación resistió a ese embate y la sociedad le respaldó sin dejar de estar con la víctima ni vivir ese doble respaldo como una contradicción, que es exactamente lo que pretendían el mundo totalitario y algunos falsos demócratas. Nunca una víctima del terrorismo recibió un apoyo tan masivo de la ciudadanía de un país. Lo sustancial, sí, fue el papel sin fisuras que en aquellas horas jugó la propia familia del concejal secuestrado, sin despegarse de esa ciudadanía ni de ese Gobierno. Eso es lo que los españoles le debemos a esa familia, el alto precio que pagó por nuestras libertades. Por esa razón resultan sangrantes las pegas iniciales que puso el primer edil de Ermua a la intervención de Mari Mar Blanco en el homenaje a su hermano. ¿De qué memoria democrática hablan quienes tienen la desmemoria como programa político?

Si los padres o la hermana de Miguel Ángel se hubieran enfrentado a Aznar y a Mayor Oreja por no ceder al pago de ese rescate no habría existido la rebelión cívica de Ermua, ni la derrota moral que ésta supuso para ETA. La resistencia del propio Estado ante los terroristas habría quedado reducida a la oscura obcecación de un ministro de Interior y un presidente inhumanos. Lo que debe preguntarse ese actual alcalde de Ermua es si él habría sido capaz de asistir con esa dignidad y esa grandeza al sacrificio de su hijo o de su hermano. Yo mismo me lo pregunto, me pongo en ese caso, y sé la respuesta: no.