Lo que nos ha salvado del secuestro total del Estado por un Gobierno de corruptos y golpistas no es otra cosa que el trabajo judicial acorde con la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. También será lo que llevará a la cárcel a muchos culpables, protegiendo así -esperemos- la honra y futuro de una democracia aún en grave peligro.

No será la primera vez desde 1978 que ministros y altos cargos sean condenados por diversas razones, pero hay importantes diferencias con las condenas por los Eres de Andalucía o la Gürtel. Estas tramas solo aspiraban a enriquecerse y a financiar al partido que lo hacía posible. Esto será distinto, el desenlace de un pulso a muerte entre el poder judicial y la trama criminal, que tenía en la justicia su principal objetivo por medios legales (Ley Bolaños) e ilegales, y había logrado infiltrarse profundamente, con carácter preventivo, en la cúpula de fiscalía, mandos policiales e instituciones del Estado.

La trama se identifica, provisionalmente, con Leire Díez, una apparatchik de la máxima confianza que lleva quince años o más en las sombras de la cúpula del PSOE, no solo en las cloacas. Pero no hay ninguna duda de que, según las investigaciones avancen, quedará directa e inequívocamente identificada con el heredero del expresidente Rodríguez Zapatero y sus colaboradores más íntimos. El objetivo de esta trama, ya indistinguible del PSOE como entidad, no era instituir una república bolivariana, sino apoderarse del Estado manteniendo una máscara constitucional para monopolizar las instituciones y saquearlo, prostituirlo y vender sus activos al mejor postor -por ejemplo, China- bajo una apariencia de legalidad. Colocar a la familia en enchufes narcisistas solo ha sido un avance del proyecto general.

La lógica letal de la impunidad

Si se examina la lógica de las tramas de corrupción, todas parecen cometer tres errores fundamentales: [1] sobrevalorar el poder del Gobierno para domar al Estado y todas las instituciones importantes; [2] confiar excesivamente en la impunidad que esperaban obtener; y [3] creer posible sobornar o anular a todos los jueces, funcionarios y periodistas necesarios.

Así se explica la despreocupación dejando pruebas documentales de los Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía, ahora las agendas explosivas de Leire Díez, o las joyas millonarias de Zapatero despreocupadamente escondidas en una sede socialista. Ignacio Varela, que los conoce bien, ha resumido la cuestión observando que hasta para ser un forajido hay que servir, y que ni para eso sirve Zapatero. Yo creo que hay más que el carácter indolente y estúpido de algunos personajes, a saber, la selección negativa de los peores que lleva a la simbiosis de ineptocracia, o gobierno de ineptos, con corruptocracia o gobierno de la corrupción. Ineptos y corruptos se necesitan y colaboran con mutuo beneficio.

Así que, en cierto modo, la ineptitud de los forajidos nos está salvando de su golpe de Estado a cámara lenta. Sus modos de hacer y su arrogancia de creer que, no importa lo corruptos que sean, mantendrán la sedicente superioridad moral, han dejado material de sobra a la UCO, la UDEF y los jueces de instrucción para reconstruir sus delitos y llevarlos al banquillo. La estupidez ideológica también sale cara. Y en el caso de la izquierda, incluye creer que todo el mundo comparte sus fines, sus métodos y sus prejuicios. La cosa viene de lejos.El partido populista de masas

El partido populista de masas

Alfonso Guerra, un populista moderado, se refirió en su día a la supuesta muerte de Montesquieu cuando cambiaron la Constitución para controlar el CGPJ. Fue un serio ataque a la división de poderes, pero según ellos un avance necesario de la política seudo progresista que confunde partido con sociedad y poder ejecutivo con Estado. Ciertamente, el populismo es incompatible con la teoría y práctica de la división de poderes que redondeó el barón de Montesquieu tras los avances previos de John Locke y, mucho antes, de Aristóteles, los romanos y la separación Iglesia-Estado.

La división de poderes se basa, en realidad, en dos principios con valor de premisa práctica: para prevenir la tiranía es conveniente dividir el poder de modo que no pueda concentrase en unas pocas manos, facilitando la tiranía o dictadura; para evitar que la legalidad se malogre, es conveniente que hacer la ley, garantizarla y aplicarla sean tres funciones separadas en otros tantos poderes con rango constitucional: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo demás se deriva de estos dos principios.

Al populismo le sobra Montesquieu precisamente porque no acepta que alguien o algo distinto a su concepto de “pueblo” apruebe, defienda y aplique las leyes, bien entendido que tal “pueblo” no es más que el partido populista de masas, y en concreto su cúpula dirigente. Cualquier decisión judicial que perjudique a la cúpula del poder será tachada de lawfare o intriga judicial.

Por eso puede predecirse sin temor a error que habrá guerra entre la justicia y el gobierno cuando el populismo se haga con el Estado, como ha pasado con Sánchez y el sanchismo. Más aún si la corrupción ofrece un fácil y veloz enriquecimiento ilícito gracias al control del Estado y al engaño de la opinión pública. Además, los jueces no son elegidos, sino que forman una élite especializada de promoción interna, salida de reglas de concurso y oposición pública estrictas, lo que los convierte en objeto de la inquina y descalificación del populismo, siempre antielitista y partidario de masificar.

Salvados por la decencia

Los jueces son falibles y vulnerables a campañas de descrédito y acoso moral, cuyo sufrimiento solo entiende quien haya sufrido una. Pero Montesquieu y la división de poderes han resultado ser más fuertes que la trama de Leire. La razón es más ética o moral que abstracta o técnica. Si desciende la fétida marea del sanchismo dejando tanta podredumbre al descubierto es porque hay jueces, fiscales, funcionarios, policías, periodistas y analistas que son íntegros y no están (no estamos) en venta. Al final siempre son la decencia, la honestidad y la coherencia las virtudes que salvan a la civilización cuando los delincuentes poderosos la llevan al despeñadero. Montesquieu está ganando y Sánchez va perdiendo por eso mismo.