El Gobierno vasco y las demás administraciones esperaban demostrar esta semana que las restricciones aplicadas tras la Navidad han resultado efectivas. Que el poder político se rige por la virtud del punto medio, aunque no detalle entre qué factores trata de encontrar el equilibrio. Pero un auto judicial del TSJPV dictado ante el recurso de los hosteleros se ha llevado por delante cualquier pretensión de reivindicarse alguien al frente de «una nueva forma de vivir».

El lehendakari Urkullu alegó ayer que la resolución de la Sala presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido Bengoechea no iba contra el Gobierno vasco sino contra los epidemiólogos. Una ocurrente manera de sortear el envite judicial. De explicar que el Ejecutivo autonómico ha resuelto no recurrir el auto, ni por supuesto recusar a su ponente. Y que el LABI, lejos de compensar los riesgos que pudiera suponer la reapertura hostelera con nuevas medidas de restricción, decidió ayer relajar la movilidad hacia los municipios colindantes. De aplicar la misma lógica en la defensa de cualquier otro decreto institucional, nadie se daría por aludido.

La declaraciones radiadas del magistrado Garrido brindaron al Gobierno Urkullu la posibilidad de denostar su auto posterior, restándole trascendencia por ninguneo. Lo ocurrido ha vuelto a revelar que el nacionalismo gobernante no acaba de metabolizar la existencia de una instancia judicial vasca -de Euskadi, o en Euskadi- en disposición de contrapesar la actuación de las instituciones políticas de la comunidad autónoma. Pero en este caso, cuando el magistrado a batir se había expresado al margen de la resolución judicial de manera sonrojante, el Ejecutivo ha entendido que no había base jurídica para recusarle, y que tampoco era políticamente conveniente recurrir el auto para enfrentarse -siguiendo la lógica de Urkullu- a los hosteleros; nunca a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV.

El descenso del pico de la tercera ola está resultando políticamente más arriesgado que su terrorífico ascenso. Sin duda porque el desgaste se va acumulando, y cualquier desliz provoca un alud de críticas y peticiones de dimisión. Es comprensible que la política de gobierno se haya mostrado vacilante frente a lo desconocido. Pero con el paso de los meses es más difícil mantener el crédito de la acción pública, como si ésta fuese omnisciente bajo la presunción de que atiende exclusivamente a criterios objetivos; en este caso epidemiológicos. Los bares están abiertos, y el lunes podremos pasar al pueblo de al lado. No puede ser cosa de Garrido.