Tres lecturas (la amenaza de Podemos, la Justicia como la única Oposición y un ensayo para el fin de Régimen de la Transición) se desprenden de la asombrosa jornada parlamentaria con la que Pedro Sánchez, finalmente aclamado por los suyos, ha logrado, superar su segundo torneo del K.O. pagando un alto precio al prófugo de Waterloo Carles Puigdemont.
El que se añade a la triunfal investidura del 16 de noviembre del pasado año, tras el pago adelantado de la ‘ley de amnistía’ que el PSOE debió de presentar en el Congreso de los Diputados como ‘proposición de ley’ por ‘vía de urgencia’ antes de la votación de la nueva presidencia de Sánchez.
El miércoles en el hemiciclo del Senado (por obras del Congreso) Pedro Sánchez se sometió a la que ha sido su segunda prueba del K.O. que superó salvando gran parte del decreto ‘ómnibus’ (‘techo de gasto incluido’) y aceptando las exigencias de última hora que le impuso Puigdemont.
Aunque en la escenificación del pacto ‘in extremis’ Sánchez y su Gobierno se dejaron en esta gatera pelos de su humillación y entre ellos un buen mechón de la falsa melena rubia de Yolanda Díaz a la que los cinco diputados de Podemos le tumbaron su reforma del ‘subsidio de desempleo’.
Una esperada venganza de Pablo Iglesias por la exclusión de Irene Montero del nuevo gobierno de coalición de Sánchez y Díaz, y sin que a Podemos le importara lo más mínimo coincidir en la votación con PP y Vox. Lo que constituye un aviso de Iglesias a Sánchez, al que el podemita le vino a recordar que los 5 diputados de Podemos valen lo mismo que los 7 de Junts.
La única oposición al régimen
Esta es solo una de las consecuencias que se derivaron de la tensa jornada parlamentaria del 10-E. La segunda lectura es que la única Oposición real (el PP de Feijóo aún necesita una mayor coordinación y un mejor liderazgo) al nuevo y emergente Régimen sanchista de poder ‘confederal, populista y pre republicano’, es la Justicia, tanto en europea como española.
Porque de nada sirve declarar ‘motu proprio’ al Gobierno y sus aliados que la Justicia de la UE no puede bloquear ni aplazar la aplicación de la Ley de amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de la UE, si a la Corte europea se le presenta el recurso previo que le planteará el Tribunal Supremo, porque la jurisdicción de la UE prima sobre las de los Estados miembros de la Unión.
Como no puede Sánchez exigir al Tribunal Constitucional que no suspenda la aplicación de la ley de amnistía hasta que el TC dicte sentencia sobre la esperada ‘cuestión de inconstitucionalidad’ que también planteará ante el TC la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena. Sobre todo porque la no aplicación de suspensión de la amnistía, conculcaría la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La tercera consecuencia de la votación el 10-E de los decretos del Gobierno ha escenificado un ensayo general del fin del Régimen de la Transición, por la vía de hechos consumados a los que ampara ¡la legalidad vigente! como una prueba irrefutable de graves carencias del marco legal y constitucional español, que se desprenden de la ‘incompleta’ Carta Magna de 1978.
Lo que remató Felipe González con la reforma -‘Montesquieu ha muerto’ dijo Alfonso Guerra- ‘a su favor’ de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no rectificó en 1996 a su llegada al poder José María Aznar
Dado que en el texto constitucional no se garantizó la separación de los Poderes del Estado (solo la separación de ‘las funciones’ de los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Y especialmente brilla por su ausencia la falta de garantías para la independencia del Poder Judicial. Lo que remató Felipe González con la reforma -‘Montesquieu ha muerto’ dijo Alfonso Guerra– ‘a su favor’ de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no rectifico en 1996 a su llegada al poder José María Aznar .
Lo que queda acreditado por el hecho, inédito en las democracias de nuestro entorno europeo, de que la gobernabilidad de un país como España esté en las manos de un delincuente (malversador) y prófugo de la Justicia como es Carles Puigdemont. El que, en las elecciones generales del 23-J, solo obtuvo el 1,6 % de los votos nacionales y 7 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados.
Una situación democráticamente inaceptable que nos obligará, en su momento y cuando antes, a una ‘reforma democrática’ constitucional (incluida una nueva Ley Electoral).
Una encrucijada inimaginable en las democracias europeas y solo posible un país como España -amenazando el Estado de Derecho y la cohesión nacional- por causa de la autocrática e inmoral ambición personal de poder de Pedro Sánchez, con la cómplice ayuda de ‘este PSOE’ que ha roto el consenso constitucional de la Transición.