VICTORIA PREGO, EL MUNDO – 05/11/14
· A partir de aquí tienen todos que hilar muy fino.
La Generalitat va a apurar hasta el último instante en que aparezca hoy en el BOE la suspensión por el Tribunal Constitucional de todas las actuaciones emprendidas por la Generalitat para convocar la votación a esas preguntas el 9-N. Y el Gobierno va a calibrar hasta el menor detalle las respuestas que puede dar, sin patinar, a la posible desobediencia del presidente del Gobierno catalán, desobediencia que todavía, aunque parezca sorprendente, no se ha producido en este segundo round ante el Alto Tribunal.
Para inhabilitar a un funcionario público por desobediencia a los tribunales se le suele apercibir una o varias veces de la sanción que le espera de mantenerse en la misma actitud. Y, si efectivamente se mantiene, entones sí procede castigarle con la pena de inhabilitación de seis meses a dos años prevista en el Código Penal. Pero todo eso requiere un tiempo y unas formalidades que son obligadas en un Estado de Derecho como es España y que atan al Gobierno a la hora de actuar.
Los días que están por venir nos darán una idea clara de hasta qué punto Artur Mas y sus consejeros van a desafiar esta segunda suspensión. Existe la posibilidad de que sigan asumiendo el liderazgo y la organización de la votación del 9-N, en cuyo caso incurrirán de plano en esa desobediencia y recibirán el castigo tasado en el Código Penal.
Pero, desde el punto de vista político, esas sanciones llegarán muy tarde. El castigo que reciban será a toro pasado y las consecuencias de lo hecho habrán supuesto un golpe mortal a España entera, Cataluña incluida. Porque para entonces la votación se habrá realizado y la Generalitat habrá encabezado la movilización hacia las urnas con las mismas preguntas que el Constitucional había suspendido. Es decir, la Generalitat habrá pasado por encima de los tribunales y se habrá situado definitivamente al margen de la ley, con las gravísimas consecuencias que ello conlleva y con el descrédito internacional que esa actitud supondrá para sus dirigentes y para el prestigio de nuestro país.
Existe, sin embargo, la posibilidad de que los gobernantes nacionalistas se lo piensen bien antes de actuar así y den a tiempo un paso atrás, de modo que la votación quede a cargo exclusivamente de las asociaciones cívicas que ellos han alimentado durante estos años. En ese caso, la votación quedaría despojada de cualquier aspecto remotamente legal y entraría dentro de las convocatorias que suelen hacer los independentistas de vez en cuando. A esa fórmula no hay nada que oponer porque ni será legal, ni será representativa, ni será fiable y, sobre todo, no constituirá un desafío al Estado. Quedan pocos días para saber a cuál de los dos escenarios nos enfrentamos. El uno, tremendo. El otro, irrelevante.
VICTORIA PREGO, EL MUNDO – 05/11/14