EDITORIAL EL MUNDO – 10/11/15
· El Parlament cruzó ayer una línea roja al aprobar por 72 votos contra 63 el inicio del proceso de desconexión de Cataluña y la desobediencia expresa de las leyes. Ello viola la unidad de España, el principio de soberanía nacional y el respeto al Estado de Derecho, los tres pilares sobre los que se asienta la Constitución. Desde ayer, esta institución se ha situado fuera del ordenamiento jurídico.
Por la tarde, Artur Mas compareció en el mismo escenario para pedir su investidura, que se votará hoy. El president en funciones defendió una legislatura de 18 meses para acometer un proceso constituyente y poner en marcha unas estructuras de Estado. Mas explicó que ello concluiría con una consulta sobre la nueva Constitución en la primavera de 2017, fecha en la que teóricamente se proclamaría la independencia de forma unilateral.
No parece que el presidente tenga muchas posibilidades de continuar en el cargo porque la CUP ha dejado bien claro que no le votará. Pero Mas volvió a presentar una nueva hoja de ruta que le permitiría ganar tiempo en su permanente estrategia de alargar el calendario tras lanzar el balón hacia adelante.
La huida de la realidad que encarnó Mas en la tribuna de forma patética refleja la deriva de un proceso soberanista que está impulsando la CUP y en el que Junts pel Sí aparece visiblemente desbordado. En este sentido, Antonio Baños, su portavoz parlamentario, subrayó ayer que, aunque no haya acuerdo sobre la investidura, su grupo promoverá en el plazo de un mes iniciativas legislativas para hacerse con el control de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Si ello es así, el Gobierno de Rajoy se encontrará antes de las elecciones ante un desafío de formidable magnitud.
En este sentido, no parece que el recurso ante el Tribunal Constitucional que va a presentar mañana el Gobierno sea suficiente para amedrentar a los independentistas, que ayer ya anunciaron que les da igual lo que falle esa instancia. Oriol Junqueras dejó muy claro que el proceso seguirá porque la única legalidad que rige en Cataluña es la voluntad del pueblo catalán, expresada en las urnas.
Raül Romeva y el propio Mas insistieron también en la idea de que los resultados de las elecciones suponen un mandato para construir la nueva república catalana, lo que es una falsedad ya que, como la CUP reconoció en la noche electoral, no se puede iniciar un proceso de esta naturaleza con el 48% de los votos y con una Cámara partida en dos mitades.
Las intervenciones de Mas y Romeva dejaron patente la manipulación a la que se está sometiendo a los catalanes, ya que culparon de todo lo malo que está sucediendo en Cataluña a España y presentaron el nuevo Estado como un paraíso de justicia, libertad y bienestar.
Los nacionalistas no quieren asumir su desastrosa gestión de la economía, el incremento exponencial de la deuda, su incapacidad para resolver los problemas y la corrupción de la familia Pujol y de CDC, que ya ni siquiera puede utilizar sus propias siglas.
De no haber sido por los 39.000 millones que les ha prestado el Estado español en estos cuatro años, Cataluña estaría en la quiebra y no podría pagar las pensiones ni los servicios públicos, entre otras razones, porque las emisiones de la Generalitat son técnicamente bonos basura. En lugar de asumir una realidad tan molesta y en un alarde de demagogia, los dirigentes de Junts pel Sí trazaron ayer el dibujo de una Cataluña idílica fuera de España, en la que todos sus habitantes serían felices y tendrían un nivel de renta y de prestaciones sociales incomparablemente superiores.
Frente a este discurso totalmente alejado de la realidad, Miquel Iceta, el líder del PSC, les recordó que el proceso soberanista asumiría unos costes insoportables, empezando por el aislamiento internacional y siguiendo por la imposibilidad de obtener financiación.
Los argumentos de Iceta, Inés Arrimadas y García Albiol no hicieron ninguna mella en las filas independentistas, que hace mucho tiempo que no escuchan nada que contradiga sus propósitos. Por eso, lo que se vio ayer en el Parlament resulta tremendamente preocupante.
Pensar que Junts pel Sí va a dar marcha atrás o que va a propiciar una negociación con el Estado para buscar una solución pactada es hoy imposible. Lo que quedó meridianamente claro es que CDC y ERC van a hacer todo lo posible para proclamar la independencia cuanto antes y que, para ellos, las normas del Estado ya no están vigentes en Cataluña.
Mariano Rajoy –con el respaldo que Pedro Sánchez volvió a ratificar ayer– ha prometido que va a responder con la ley en la mano y con «proporcionalidad», una estrategia que nos parece correcta. Antes de aplicar el artículo 155, lo lógico y lo coherente es apurar otras vías para intentar disuadir a Mas y Junqueras. Pero pronto va a quedar en evidencia que no acatan la paralización del proceso que supone la admisión a trámite de la impugnación ante el Constitucional y entonces el Gobierno tendrá que pasar a medidas más contundentes. Esto es lo previsible.
Ya no es posible hurtar gravedad a la resolución que aprobó el Parlament ni cabe consolarse con el sofisma de que no surte efectos jurídicos inmediatos. Lo que ha comenzado es el proceso de secesión unilateral de Cataluña mediante una serie de pasos en los que se va a vulnerar la Constitución y la legislación vigente.
Por tanto, el Estado –que es mucho más que el Gobierno– tiene que tener preparada una estrategia para dar respuesta jurídica y política a cada iniciativa del Parlament y la Generalitat, que hasta ahora han avanzado en sus objetivos sin respuesta de las instituciones. Esto tiene que cambiar porque ha llegado la hora de afrontar este gravísimo desafío.
EDITORIAL EL MUNDO – 10/11/15