Unas son legales, porque obligará a la administración a realizar un esfuerzo ímprobo, en un pequeño lapso de tiempo, lo que ha producido ya problemas por ‘acumulación’ de tareas y falta de personal, derivando en un huelga indefinida, que complicará unos trámites, nada fáciles de cumplimentar y menos en países que no cuentan con representación consular, ni con embajadas.

Otras son económicas, porque obligará a revisar las cifras macro del país que, como sucede con el PIB, sirven después como referencia de muchas otras variables y, además, obligará a reforzar unos servicios públicos, que muchos irregulares que ya viven en España no utilizan ahora, pero seguro utilizarán después del proceso, con el consiguiente impacto presupuestario. Son también de índole social, porque servirán –ya de hecho sirven– como arma arrojadiza en el debate político nacional, que ya está suficientemente crispado y violento. Hay quien ve en la medida un motivo de agravio contra los ‘autóctonos’ postergados e, incluso, una oportunidad de modificación ‘por abajo’ torticera y ventajista del censo electoral, ahora que se aproximan las elecciones generales. Y otras son de orden internacional porque incomoda, y con razón, a nuestros socios europeos, temerosos de que, una vez ganada la homologación española, los extranjeros ‘ya homologados’ aprovechen las ventajas del espacio Schengen para esparcirse con libertad y sin miedo, por toda la Unión Europea. Algún país ha amenazado ya con el troceo del espacio de seguridad común y el consiguiente cierre de fronteras, lo que sería completamente inasumible.

La regularización de tal cantidad de personas, con especial incidencia en Cataluña y Madrid y entre el género femenino, afectará positivamente al PIB, quizás hasta en 0,6 décimas, porque esta ligado en buena parte a la población total y al crecer en consecuencia el número de horas trabajadas –hasta un 0,75%– y la afiliación a la Seguridad Social quizás en doble dígito. Pero también modificará los salarios reales de las personas menos favorecidas, presionando para que no suban, al tratarse de individuos con escasa capacitación profesional y dispuestas a aceptar lo que los nacionales no aceptamos. El servicio de Research del BBVA calcula que los salarios reales, por hora trabajada, pueden descender hasta un 0,6%. ¿Se entiende así el éxito de Vox en los barrios periféricos de las grandes ciudades y en el campo?

Todo esto se refiere al contenido, pero también cuentan las formas y estas no han sido las mas adecuadas. El Gobierno no pude hurtar del debate parlamentario un asunto de tamaña importancia. Y, desde luego, no puede pretender ‘pasar’ de la oposición a la hora de la preparar y redactar las medidas y que las acepte más tarde sin derecho a opinar y matizar. PP, Vox y Junts suman juntos más de la mitad de los diputados y en el Congreso y se oponen a alguna o a muchas de las decisiones adoptadas con exceso de celeridad y escasez de debate. La revuelta está garantizada y es una pena que un asunto de esta naturaleza no figure entre las cuestiones de Estado que se debaten en los plenos y se aprueban con una mayoría suficiente como para garantizar su estabilidad y pervivencia en el tiempo. Es mucho pedir, ¿no? Seguro que sí.