«¡Lo conseguimos!», exclamó una exultante Angela Merkel el día que en el Bundestag logró ver aprobado su proyecto de ley de «puertas abiertas» para los solicitantes de asilo procedentes de Siria e Irak. Corría el año 2015, y aquella victoria, que se tradujo en la llegada de dos millones y medio largos de refugiados, terminaría poniendo a Alemania contra las cuerdas, no sin antes haber hecho fracasar los esfuerzos de los socios europeos por contener la avalancha ante el atractivo «imán» alemán. Berlín acabó restableciendo los controles fronterizos, filtrando las concesiones de asilo y restringiendo la asistencia social para los inmigrantes. Hoy toda Europa está inmersa en un proceso de revisión radical de sus políticas migratorias, cuya generosidad ha terminado situándole ante un auténtico dilema existencial. Ser o no ser. El próximo mes de junio, la Comisión y los Jefes de Estado de la UE deberán aprobar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que el Parlamento Europeo validó en abril de 2024 y cuya entrada en vigor está prevista para junio de este año, que contempla controles fronterizos estrictos, procedimientos de expulsión rápidos, y la posibilidad de devolver a solicitantes de asilo a «terceros países seguros». Curioso o no tanto: el gran valedor de este Pacto ha sido el Partido Socialdemócrata danés, hoy en el Gobierno. Recuperar el control sobre los flujos migratorios se ha convertido, en opinión del presidente polaco Donald Tusk, en «una cuestión de supervivencia para la democracia liberal» del Viejo Continente. Toda Europa menos España, cuyo Gobierno acaba de aprobar este jueves la regularización de medio millón de inmigrantes indocumentados sin pasar por el Parlamento y sin explicación plausible, más allá de la consabida monserga progre. La iniciativa de Sánchez ha provocado asombro e indignación en los socios europeos. «Esta decisión no solo supone un riesgo para España en materia de seguridad, sino para todos nuestros países», ha manifestado en Estrasburgo el eurodiputado galo François-Xavier Bellamy (LR). «Esto es una catástrofe para toda Europa».

En Francia se discute ahora mismo el llamado Proyecto de Ley Rodwell, que pretende aumentar el período máximo de detención administrativa para personas condenadas por delitos graves a 210 días (siete meses), en lugar de los 90 actuales (180 en Alemania). Un cambio legislativo promovido en memoria de la joven Philippine Le Noir de Carlan. Estudiante de 19 años, la hermosa Philippine salió a dar un paseo el 20 de septiembre de 2024 a la hora del almuerzo y tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino con Taha Oualidat, un inmigrante marroquí de 22 años que ya había sido condenado por violación y que en aquel momento debía estar entre rejas. Al día siguiente y tras una intensa búsqueda, la familia de Philippine encontró su cuerpo parcialmente enterrado en el Bois de Boulogne. Había sido violada y estrangulada. Un asesinato que conmocionó a toda Francia, cuyos ciudadanos no podían comprender cómo era posible que su país hubiera otorgado un visado turístico de un mes a un menor (17 años) marroquí proveniente de España. Tampoco que el mismo joven, condenado a 7 de años de prisión en 2019 por una violación cometida nada más pisar suelo francés, hubiera cumplido solo cinco. Tras dejar la cárcel, ingresó en un Centro de Retención Administrativa (CRA), los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) españoles, a la espera de ser expulsado a su país de origen, cosa que nunca pudo llevarse a cabo por la negativa de Rabat a aceptarlo.