No hacía falta que el PNV pusiera de relieve el problema de fondo que padece el TC, que es la invasión política, porque muchas veces se ha denunciado; pero el PNV lo ha proclamado con inusitada contundencia y los afectados lo han asumido con una normalidad que le da la razón.
Ha sido el Partido Nacionalista Vasco el que ha estampillado al Constitucional como tribunal político. Es de suponer que si al presidente del Tribunal, Pascual Sala, se le ha puesto la carne de gallina por opiniones que cuestionan la independencia judicial tras la sentencia que desautoriza al Tribunal Supremo y permite la participación electoral de la marca etarra Bildu, se le habrán abierto las carnes, de gallina o no, al escuchar las amenazas y los plácemes del PNV.
Lo que ha apuntado el PNV es que el TC es una corporación política que responde a impulsos políticos del principal órgano político, el Gobierno.
Los hechos son los hechos. La amenaza de Iñigo Urkullu, presidente del PNV, al Gobierno (retirarle al apoyo parlamentario si el Constitucional no corregía al Supremo a favor de Bildu) significaba la evaluación del TC como una pieza sometida al dictado del Gobierno, al que hacía responsable y víctima de sus resoluciones.
La devolución del auxilio al Gobierno para que pueda agotar la legislatura (anunciada por el portavoz, Josu Erkoreka, tras desautorizar el TC al TS y consagrar Bildu como si fuera una candidatura democrática) era la consecuencia del júbilo del PNV porque entendía que Rodríguez Zapatero había evacuado el encargo.
Este ajetreo del PNV es una más que contundente denuncia de los manejos del Gobierno en favor de ETA que las manifestaciones de Jaime Mayor Oreja sobre «el proceso pactado entre el Gobierno y los terroristas», que a Zapatero y a Pérez Rubalcaba les ponen de los nervios, según sus reacciones contra el diputado europeo popular.
Y como han callado sobre las amenazas peneuvistas y aceptado con placer el renovado apoyo parlamentario tras la brutal descalificación del Tribunal Constitucional, hay que entender que el Gobierno da por buena la conexión política delatada, que en realidad son dos conexiones.
No conviene disculpar los disparates de un Gobierno, pero al fin y al cabo, un Gobierno es sustituible, y el daño que ha hecho es, al menos en teoría, reparable. Pero la crisis de una institución básica del sistema, como el Tribunal Constitucional, es un trastorno gravísimo. Hoy, el prestigio del TC está en mínimos.
El vicio que da origen a su crisis se encuentra en el procedimiento para su composición, que concede a los partidos, y más al Gobierno de turno, capacidad para prolongar en su seno sus propósitos políticos.
Es el mismo vicio que afecta tan negativamente a la institución del fiscal general del Estado y al Consejo General del Poder Judicial, por cierto en este caso tras una reforma legislativa en tiempos de Felipe González que escapa del espíritu de la Constitución.
Las críticas más abundantes a la sentencia del espaldarazo a Bildu coinciden en denunciar que el Constitucional se ha extralimitado y ha invadido el terreno del Supremo. En ello coinciden los magistrados discrepantes y así lo dicen en sus votos particulares.
No es ajena tal crítica al problema de fondo que padece el TC, que es la invasión política. No hacía falta que lo pusiera de relieve el PNV porque muchas veces se ha denunciado, pero el PNV lo ha proclamado con inusitada contundencia y los afectados lo han asumido con una normalidad que le da la razón.
Justino Sinova, EL MUNDO, 13/5/2011