Antonio Casado-El Confidencial
Nunca se había visto al Reino de España tan vulnerable frente a quienes aspiran a destruirlo, aunque no se justifica la euforia de los ‘indepes’ ante la resolución del Tribunal de la UE
Guardia baja ante los golpes de la propaganda independentista y nuevas señales de que la estabilidad del país depende de los menos interesados en la gobernabilidad, condición necesaria de aquella. A ver cómo se porta la Abogacía del Estado, han dicho los dirigentes de ERC, cinco minutos después de la apuesta pública de Oriol Junqueras por mantener los tratos con los guionistas de Pedro Sánchez.
Negociaciones contaminadas. Autoestima nacional por los suelos y España a la defensiva. Un 155 al revés. Nunca en nuestra reciente historia se había visto al Reino de España tan vulnerable frente a quienes aspiran a destruirlo. En este caso, frente a quienes interpretan la resolución del Tribunal de Luxemburgo como un zasca a nuestro poder judicial.
Demoledores efectos del fallo sobre la sobrevenida inmunidad de Junqueras cuando aún estaba siendo juzgado en el Supremo. Con alarmante facilidad ha calado la moraleja en los circuitos políticos y mediáticos: «Varapalo a la justicia española». Y sorprende la amplia aceptación del insidioso mensaje.
Con alarmante facilidad ha calado la insidiosa moraleja en los circuitos políticos y mediáticos: «Varapalo a la justicia española». Sin fundamento
Este aspecto de la cuestión se pierde en la causa general decretada por los ‘indepes’ contra los jueces españoles, con la inestimable complicidad de una izquierda complaciente. Casi nadie lo destaca, no vaya a ser que España aparezca ejemplarmente alineada con Europa en materia de espacios judiciales comunes y se acaben viendo los trucos oportunistas.
Si España tiene ‘secuestrado’ a Junqueras será en complicidad con Europa, cuyas instituciones apoyaron su actuación sobre eurodiputados electos
Con el viento en las velas del derrotismo nacional alimentado por una clase política banalizada, aquí todo el mundo se apunta a desacreditar al TS porque debió haber reconocido la inmunidad de Junqueras desde el 13 de junio, según mandato del Tribunal de la UE sin efecto retroactivo. Pero eso no se habría ajustado a la normativa europea, que remitía a la española (recogida del acta en persona y acatamiento de la Constitución).
En la duda, y en supremo respeto al derecho de un procesado a ser juzgado con todas las garantías, el TS consultó a Luxemburgo, con el resultado conocido: queda modificada aquella normativa al vincular la condición de eurodiputado a los votos obtenidos y no a determinadas ciertas formalidades.
Ni media palabra sobre el inatacable fuero del máximo órgano jurisdiccional español. Primero, para condenar a Oriol Junqueras a 13 años de cárcel e inhabilitación, dos meses antes de que se le reconociera la inmunidad. Y segundo, para decidir con total independencia cómo se aplica la resolución de Luxemburgo, a partir de ahora, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, una vez oída la opinión de las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación particular y defensas).
Si Junqueras sale de la cárcel será por aplicación del segundo grado con ventajas de tercero. No por efecto de la resolución del tribunal europeo
Si Junqueras sale de la cárcel será por aplicación del segundo grado con ventajas de tercero. No por efecto de una resolución europea que es incompetente para borrar la huella penal asociada a la condena de Junqueras por sedicioso y malversador.
En cuanto a Puigdemont, sigue siendo un prófugo, aunque pueda pasearse libremente por Europa hasta que la justicia española pida permiso al PE, y este lo conceda (retirada de la inmunidad), para juzgarlo. Sin excluir la prisión preventiva (si pone un pie en España se aplicaría la orden de detención dictada por el juez Llarena), mientras se tramita el suplicatorio, como se reconoce en una de las consideraciones de la resolución de Luxemburgo. Por muy inmune que sea. Porque inmunidad no equivale a impunidad y el señor Puigdemont está procesado por graves delitos