Pero hay más datos positivos. Las ventas de activos, incluidas en la operación cerrada en México, permitirán una rebaja de su deuda en más de 5.000 millones y las inversiones realizadas superan los 11.380 millones, con un incremento del 6%. De ellas, solo 2.300 millones han tenido a España como destino y el resto se ha ido a las ya numerosas zonas geográficas donde opera la empresa y que han recibido en los últimos tres años un total de 33.500 millones (de ellos, 7.300 en España).

Sería un buen motivo de debate buscar el por qué de lo exiguo de la cifra española al compararla con la total, y las causas del mayor peso en las cifras absolutas de otros destinos geográficos.

Hemos comentado estas últimas semanas que el crecimiento del PIB español es bueno, al menos en términos relativos, cuando nos comparamos con los registrados en Europa, pero nos quejamos de que su composición deja mucho que desear al estar sustentado principalmente en el gasto público -lo que implica mantener viva la senda del déficit y abierto el crecimiento de la deuda- frente a un descalabro de la inversión productiva. Siendo esta la realidad, no estoy seguro de la coherencia de incidir en una penalización regulatoria y fiscal de las empresas que más invierten, como son las energéticas.

Por ello, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se quejó en su exposición de la elevada presión fiscal que soporta en España. La empresa entregó 9.300 millones de euros a las arcas públicas de los distintos países en los que opera, lo que supone un 24% más que el año anterior. Un porcentaje de ingresos fiscales que supera al de beneficios y al de dividendos y que aumenta el tamaño del trozo de la tarta que se llevan las distintas haciendas. Un tamaño que aumenta más en España, donde se quedaron 3.482 millones, una cifra que mejora en un 35% más a la del año anterior y que es mayor que todos los gastos de mantenimiento, operativos y financieros de la compañía en el país.

Los resultados son espectaculares pero no impedirán -más bien al contrario los excitarán- los comentarios negativos de todos aquellos detractores que no valoran el impacto social de la empresa, ni los beneficios que distribuye a sus accionistas, ni las compras que realiza a sus proveedores, ni los apoyos que presta a la I+D de su red de suministradores, ni los impuestos que paga, ni los empleos que crea. Nada de eso se valora, aunque sea evidente que se nos llenarían los ojos de lágrimas y cubriríamos los cabellos de ceniza si algún día nos enfrentáramos al traslado de su sede social. Un riesgo, al que debería prestar la máxima atención el próximo ocupante de Ajuria Enea tras las elecciones a la vista de abril. No creo que tenga muchos asuntos tan importantes y prioritarios como el de garantizar el mantenimiento de la presencia de Iberdrola en el País Vasco.

Otra crítica que surgirá es la atribución de tan excelentes resultados al elevado precio de la electricidad que pagan los consumidores. Es una crítica demasiado fácil. Aunque dada la diversidad de tarifas, los niveles horarios y las variaciones impositivas es muy difícil hablar de precios medios, es obvio que han sido menores en 2023 que en 2022, mientras que los resultados obtenidos han sido mayores. Siendo el precio de su producto una variable crucial de sus resultados habrá que buscar alguna otra razón para explicarlos. Y si la queja va en contra del sistema, no podemos olvidar que las energéticas se mueven en un marco legal profundamente intervenido. Así que si no estamos de acuerdo con él, quizás sería necesario debatirlo, antes que criticar su uso racional.