Decaerá el estado de alarma el próximo mes de mayo por obra y gracia del presidente Sánchez sin que el propio interesado haya explicado las razones que justifiquen una decisión que no ha sido consensuada con las comunidades autónomas. Tardará una semana en contarlo en el Congreso y, mientras tanto, la comunidad sanitaria, la oposición política y las autonomías se enredan en la maraña de las cábalas. Entramos juntos en la crisis del Covid y vamos a salir cada cual por donde pueda.

¿Se van reduciendo los contagios? No es eso lo que dicen las estadísticas. En Euskadi se acaba de cerrar Vitoria por haber rebasado la incidencia de 400 casos de Covid. ¿Vamos a estar el 70% vacunados para el 9 de mayo? Negativo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de que a partir de mayo nos vayamos a quedar a los pies de otra desescalada sin ‘plan B’? No hay otra explicación que la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez tendría que volver a pedir al Congreso una aprobación a otro Estado de alarma. Y ahora no tiene garantizado el visto bueno de una parte de los independentistas (ERC y Junts están centrados en su bloqueo para la formación del Gobierno catalán) ni de Ciudadanos que, después de su implosión, bastante tiene con mantenerse erguido en el hemiciclo.

Por lo tanto, con la misma alegría con que nos contó el pasado mes de julio que ya habíamos derrotado al virus, ahora nos habla de una vacunación exprés después de cuatro meses de incumplimientos. Que las autonomías ya tienen la ley general de sanidad, el decreto de nueva normalidad de junio y las resoluciones de los tribunales. El Consejo Interterritorial ya sorteará las descoordinaciones, que las habrá. Y a verlas venir. Confiando en que la vacunación haga el resto. No habrá 33 millones de inmunizados hasta finales de agosto. Es decir, cuando haya pasado ya la temporada alta de la campaña turística de verano.

Cuando el ministro Illa (y no el presidente) pidió el aval del Congreso para este estado de alarma cuyo plazo expirará en mayo, habló de «la única herramienta constitucional apropiada». Entonces, la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometió a presentar un ‘plan B’ jurídico. Una batería de reformas legales, dijo. Pero no lo han hecho. Han estado ocupados en otras leyes más ideológicas. Con la polémica reforma educativa de educación, la ‘ley trans’ atascada o la eutanasia, llegamos a este punto de incertidumbre sanitaria. La vacunación ha ido hasta ahora a un ritmo tan bananero que algunas comunidades autónomas han sondeado el mercado por su cuenta. No solo Madrid (PP), también la Comunidad Valenciana (PSOE y Compromís). No está claro que, sin estado de alarma, puedan afrontar la desescalada con instrumentos jurídicos suficientes. Urkullu ha criticado a Sánchez. Sus reparos son de forma y fondo. ¿La conferencia de presidentes, para cuándo? La promesa de Sánchez sobre las vacunas es aventurada. Se necesitan menos cuentos de la lechera. Los inmunólogos le piden prudencia. La oposición, un plan jurídico alternativo. Para no pillarse los dedos.